Granados actuaba de conseguidor y Cofely era la empresa sobre la que pivotó la trama
Un auténtico entramado para lucrarse. El principal detenido en la 'operación Púnica', Francisco Granados, hacía las labores de conseguidor de la trama desarticulada por la Guardia Civil.
El que fuera 'número dos' del Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid hacía valer su influencia en los despachos de alcaldes municipales para lograr las adjudicaciones públicas a cambio de comisiones ilegales, según las investigaciones realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado.
Fuentes de la investigación han explicado que, aunque Granados llevaba al menos tres años fuera de la primera línea política, era la persona que conectaba a las instituciones públicas con los empresarios implicados en la trama. Sólo en los dos últimos años esta red defraudó 250 millones de euros.
No en vano, el nombre de la 'operación Púnica' sale de un juego de palabras de los investigadores entre Granados y el nombre científico en latín del granado, el árbol de la granada: 'punica granatum'.
Las pesquisas han estado coordinadas por el juez central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, y han corrido a cargo del Grupo de Delitos contra la Administración dependiente del Departamento de Delincuencia Económica. Se trata del mismo Departamento que investiga los ERE de Andalucía.
En este caso, según las mismas fuentes, era la empresa Cofely -filial de la multinacional francesa GDF Suez- "la compañía sobre la que pivotaba gran parte de la trama" y la que se benefició de la mayoría de las adjudicaciones públicas, aunque no era la única. Su sede en Madrid ha sido registrada durante horas por los efectivos de Guardia Civil.
LOS CONTRATOS DE COFELY
Cofely presta servicios de eficiencia energética y en su propia página web anuncia que en 2013 resultó "adjudicataria del contrato de servicios energéticos para diversas instalaciones municipales (edificios, alumbrado público y semáforos) del Ayuntamiento de Parla". El contrato tenía una duración superior a 15 años y una cifra de negocios global de 54,7 millones de euros.
Según indica, a cambio "tiene previsto conseguir unos ahorros energéticos cercanos al 40 por ciento en el alumbrado público y de más del 6 por ciento en el consumo eléctrico de los edificios, lo que supone la disminución de casi 1.000 toneladas anuales de CO2". En eso consiste básicamente el negocio de eficiencia energética. Precisamente el alcalde de Parla, el socialista José María Fraile, es otro de los arrestados este lunes.
La Fiscalía Anticorrupción emitió a primera hora un comunicado en el que daba cuenta de 51 detenidos, pero fuentes de la investigación confirmaron a Europa Press que en torno a las 18.00 horas eran 30 las personas arrestadas en Madrid, León, Murcia y Valencia. En la nómina figuraban los alcaldes de seis municipios madrileños, concejales y técnicos entre otros cargos públicos así como empresarios. También ha sido arrestado el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez.
Anticorrupción habla de "una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías en los que la connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales, les han estado asegurando a aquellos el éxito en las adjudicaciones públicas y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas".
Aunque Granados figura como el elemento principal de la trama hay otros detenidos a los que la Guardia Civil también otorga el papel de conseguidores. Es el caso del ex alcalde de Cartagena en la década de los noventa, el socialista José Antonio Alonso Conesa o el empresario David Marjaliza.
3% DE COMISIÓN PARA ENRIQUECIMIENTO PERSONAL
Los políticos que presuntamente formaban parte de la trama desarticulada cobraban supuestamente comisiones de hasta el dos y el tres por ciento de cada contrato, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
De esta forma, según las primeras estimaciones barajadas por los investigadores y en atención al porcentaje que presuntamente habrían recibido por cada contrato, los imputados podrían haber obtenido unos ingresos que oscilarían entre los cinco y los siete millones y medio de euros.
La conclusión de los investigadores, por tanto, es que la trama tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los políticos implicados, pertenecientes a diferentes partidos y no la financiación de sus respectivas formaciones, según han informado fuentes jurídicas.
