De viviendas públicas protegidas, a las manos de los "fondos buitres"
El año pasado tanto el ayuntamiento como la comunidad de Madrid vendieron casi 5.000 viviendas de renta protegida a inversores de capital privado, incluyendo Goldman Sachs y Blackstone. En aquel momento, se dijo a los inquilinos que les mantendrían las condiciones de alquiler reducido.
Pero a medida que han ido expirando sus contratos, decenas de familias han denunciado que se les reclama un alquiler muchísimo más alto, al que no pueden hacer frente. Muchos han tenido que dejar sus casas, otros han sido desalojados. Miles de familias sin recursos están en manos ahora de estos inversores, según informa Reuters en un reportaje especial.
Jamila Bouzelmat es una de las afectadas. Madre de seis hijos, vive en un piso de cuatro dormitorios a las afueras de Madrid. Hasta marzo, pagaban 58 euros al mes de alquiler, que sacaban de la prestación por desempleo de 500 euros que recibe su marido. Sin embargo, en abril el extracto del banco por el alquiler pasó a ser de 436 euros.
"Fuimos a sacar dinero y no había ni un céntimo", explica, añadiendo que tiene que recurrir a la caridad para poder alimentar a sus hijos.
MILES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS, A PRECIO DE GANGA
Tras estallar la burbuja inmobiliaria, entre 2007 y 2013 los precios de la vivienda cayeron en casi un 40% en España. Más de 3 millones de casas y apartamentos están vacíos, según cifras oficiales. Con la crisis, miles de viviendas oficiales fueron vendidas a precio de ganga a los fondos buitres.
En agosto de 2013 Goldman Sachs-Azora se hizo con 3.000 pisos del Plan Joven del IVIMA tras pagar 201 millones de euros. Un mes antes, el fondo Magic Real Estate de Blackstone adquirió 1.860 casas de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS) por 128,5 millones de euros.
En estas casas viven personas en situación muy vulnerable, como ha podido constatar Reuters. Entre ellos, una madre soltera de cinco hijos desempleada con una niña dependiente o un enfermo de sida con un solo pulmón. Ambos casos estuvieron a punto de ser desahuciados, aunque los desalojos se han parado temporalmente.
En muchos los casos, las viviendas formaron parte del Plan Joven de alquiler con derecho a compra impulsado por Esperanza Aguirre en 2005 con el objetivo de que menores de 35 años con pocos recursos pudieran acceder a una vivienda.
Los adjudicatarios de estas viviendas protegidas pagaban un máximo de 520 euros mensuales. Ahora, cientos de familias han visto como esa reducción que les ofrecía el IVIMA se evaporaba.
Sin embargo, según Reuters no hay pruebas de que las firmas de capital riesgo actúen de forma ilegal. Legalmente son los nuevos propietarios y están ejerciendo su derecho a actualizar las rentas una vez que las antiguas expiran.
El Partido Socialista de Madrid (PSM) ha llevado a los tribunales estas adjudicaciones, por considerar que ha habido un quebranto patrimonial en la operación de venta a esa firma.
En octubre, los inquilinos del bloque de Jamila Bouzelmat, recibieron una carta de Encasa Cibeles - la gestora de los pisos de Goldman Sachs y Azora- que aseguraba que "el contrato de arrendamiento no sufriría ningún cambio" y que se mantendrían las condiciones actuales "incluyendo el alquiler y la duración del contrato".
Más tarde, en una reunión con algunos inquilinos la compañía les dijo que las reducciones en el alquiler no se renovarían una vez expirados los contratos "porque no eran una obra de caridad".
DE 50 EUROS A 500
Yasmin Rubiano, peluquera en paro y madre de tres hijos, vive en un piso que ahora pertenece a Goldman y Azora. Cuando expiró su contrato de renta reducida por el que pagaba 50 euros, comenzaron a exigirle el pago de 500 euros por la vivienda. Ha estado pagando 100, todo lo que se puede permitir, pero una carta de Encasa Cibeles le exige el pago total del alquiler o amenazan con emprender acciones legales.
Desde Encasa-Cibeles, aseguran que se han respetado las condiciones existentes mientras los contratos estaban en vigor, pero que una vez que finalizan, son revisados uno a uno.
Por su parte, desde el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) afirman que "no se han lavado las manos" tras el traspaso de las viviendas y que están siguiendo el proceso para evitar que familias sin recursos sean desalojadas,
Ahora, un juez tendrá que decidir si hay algún culpable. Mientras tanto, los vecinos de las viviendas afectadas se han organizado para denunciar su situación, tanto en reuniones como a través de la Red, y organizan protestas periódicas.
