La OCDE sugiere bajar las cotizaciones y quitar tipos reducidos de IVA

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) ha recomendado a España que extienda el tipo general de IVA eliminando los tipos reducidos, salvo para bienes de primera necesidad como los alimentos, lo que propone compensar con una rebaja de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social para los trabajadores con menor retribución.

También recomienda reducir las indemnizaciones por despido, eliminar por completo la deducción por compra de vivienda, así como revisar el régimen de las sociedades de inversión de capital variable (SICAV), a la vez que pide redistribuir la carga de los impuestos desde el trabajo hacia la imposición indirecta con el fin de impulsar la creación de empleo.

En su informe bienal sobre la economía española, el organismo sugiere que el Gobierno español "podría hacer más para dar prioridad al empleo y mantener una distribución justa de la carga impositiva". En cualquier caso, la OCDE ha mejorado sus previsiones para España y augura un crecimiento del 1,2 % del PIB este año y del 1,6 % el que viene, aunque advierte de que la situación "sigue siendo frágil" debido al elevado endeudamiento público y al desempleo, por lo que pide medidas adicionales para impulsar el crecimiento.

A juicio del organismo, la rebaja de las cotizaciones sociales tendría que ser permanente, ya que cree que las medidas de índole temporal no sirven para estimular plenamente la contratación a largo plazo.

En este sentido, opina que la tarifa plana de 100 euros al mes de cotización durante dos años para los contratos indefinidos que se firmen hasta el cierre del año es regresiva, porque implica un impuesto mayor para los trabajadores con menor retribución.

MEJORAR LA PROTECCIÓN SOCIAL

Respecto a la eliminación de los tipos reducidos de IVA reconoce que la medida también es regresiva, por lo que propone mitigar su impacto sobre las rentas más bajas mejorando la red de protección social o excluyendo bienes de primera necesidad como los alimentos, aunque esta protección podría minorar la efectividad de la medida.

La OCDE admite que eliminar los tipos especiales de IVA "dañaría el importante sector turístico" frente a otros competidores, pero cree que este efecto negativo podría ser compensado con la reducción de las cotizaciones sociales.

Para que el sistema tributario español sea más favorable al crecimiento, la OCDE propone aumentar los impuestos sobre actividades nocivas para el medio ambiente y los tributos sobre bienes inmuebles, "ninguno de ellos especialmente elevado en España".

REVISAR EL TRATAMIENTO DE LAS SICAV

Por otra parte, la institución pide que el Gobierno, junto con otros países de la UE, revise el tratamiento de los instrumentos de inversión colectiva, concretamente el que reciben las sociedades de inversión de capital variable (SICAV), las cuales tributan por el impuesto sobre sociedades a un tipo de tan solo el 1%, así como reforzar los controles para garantizar que este instrumento no se utilice para eludir el pago de impuestos.

Existen otras reformas que también harían que el sistema tributario español fuera más favorable al crecimiento, señalan los autores del informe, que apuestan por aumentar los impuestos sobre actividades nocivas para el medio ambiente y los tributos sobre los bienes inmuebles.

"Ninguno de ellos es especialmente elevado en España y los impuestos sobre la energía son relativamente bajos (...) Estos impuestos lastran menos el crecimiento y, en el caso de los medioambientales, pueden elevar el bienestar", añaden.

Por otro lado, la OCDE considera oportuno ampliar la base impositiva del impuesto sobre sociedades y subraya que combatir el fraude fiscal resulta un modo eficaz de ampliar dicha base y mejorar la aceptación y el cumplimiento del sistema por parte de la ciudadanía, así como la confianza en él.

Por otro lado, el 'Club de los países desarrollados' considera necesario eliminar la deducción fiscal por pagos hipotecarios para quienes adquirieron sus viviendas antes de enero de 2013, que calcula podría suponer un coste para las arcas públicas de 1.800 millones de euros en 2014 además de beneficiar únicamente a un grupo de hogares.