Dos años sin sanidad pública para los inmigrantes sin papeles
Dos años después, las ONG siguen en pie de guerra. Varias organizaciones humanitarias han enviado una misiva a la ministra de Sanidad, Ana Mato, con motivo del segundo aniversario de la entrada en vigor del Real Decreto Ley que supuso la retirada de la tarjeta sanitaria de los inmigrantes en situación irregular.
En el documento, las ONG piden a la ministra que cumpla las recomendaciones de numerosos organismos internacionales y devuelva el acceso sanitario a los 'sin papeles'. Concretamente, Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y CERS denuncian que España ha incumplido las recomendaciones de diversos mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa, que pedían la reforma del RDL.
"A pesar del consenso existente entre los organismos internacionales, sus insistentes llamadas y expresiones de preocupación y las peticiones reiteradas de reforma del RDL, el Gobierno español no las ha tenido en cuenta", señalan.
Por el contrario, observan que "las autoridades han seguido implementando la reforma sanitaria y han continuado adoptando normas que profundizan aún más la exclusión sanitaria", como es el caso de la Orden SSI/1475/2014, de 29 de julio, que regula el procedimiento de suscripción del convenio especial de prestación de asistencia sanitaria.
"UNA BARRERA"
El importe económico que se establece para suscribir el convenio, "podría suponer una barrera al acceso a la atención sanitaria de las personas en situación de mayor vulnerabilidad". Además, ruerdan, "las organizaciones recuerdan que los estándares internacionales sobre el derecho a la salud exigen la accesibilidad económica como uno de los elementos esenciales del derecho a la salud".
Estos convenios obligan a un pago a veces superior a los de un seguro privado por una prestación sanitaria muy limitada, que no incluye el acceso a especialistas y obliga al paciente a costearse el cien por cien de la medicación.
Las organizaciones valoran positivamente el discurso que España mantiene en foros internacionales de compromiso con los mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas. De ahí que hayan solicitado por carta a la ministrar y, en consecuencia, al Gobierno que, "de forma coherente con dicho posicionamiento".
Y, por lo tanto, "cumpla con sus obligaciones internacionales y con las recomendaciones de Naciones Unidas, reformando el Real Decreto Ley, "asegurando la universalidad del derecho a la salud, y garantizando de manera urgente el acceso a la atención sanitaria a las personas inmigrantes, independientemente de su situación legal".
873.000 PERSONAS SIN TARJETA SANITARIA
Con la aprobación del RD, 873.000 personas se quedaron tarjeta sanitaria por estar en situación irregular, y en estos dos años no se ha hecho ningún análisis sobre el efecto disuasorio de la reforma sanitaria ha tenido sobre estas personas, ni se ha tratado de identificar a las mujeres víctimas de violencia de género y de trata.
Tampoco ha explicado las posibles irregularidades en la aplicación del RDL, como puedan ser la facturación de la atención médica de urgencias, tal y como han denunciado organizaciones médicas y Amnistía Internacional.
El acceso a la medicación es otro de los puntos de especial preocupación de Médicos del Mundo, ya que el incremento del copago farmacéutico por una parte, y el hecho de que las personas excluidas del SNS tengan que abonar el cien por cien de la medicación por otra, está afectando a la continuidad de los tratamientos en las personas en situación más vulnerable, lo que puede tener serias repercusiones en su salud, sobre todo cuando se trata de enfermedades graves.
