La implantación de la 'tasa Google' tendría un impacto negativo de 1.133 millones de euros al año
La compensación a los editores de prensa prevista en el proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, conocida como 'canon AEDE' o 'tasa Google', tendría un impacto económico negativo de 1.133 millones de euros al año para los internautas. Así se desprende del informe elaborado por Analistas Financieros Internacionales (Afi) para la Coalición Pro Internet sobre el impacto económico del 'canon AEDE' en los internautas.
El estudio asegura que ese impacto económico negativo sale del tiempo adicional que los usuarios tendrían que dedicar a buscar y localizar la información deseada en ausencia de agregadores, un tiempo que se dejaría de dedicar a otras actividades más productivas. Ese "coste de oportunidad" es el que se valora en términos monetarios a partir del ingreso medio por hora de los internautas, si se considera que un incremento de tan sólo un segundo en el tiempo que debe dedicar un usuario medio para encontrar cada noticia supondría una merma de su bienestar individual valorada en 65,7 euros al año.
El informe de Afi incluye una amplia descripción de las implicaciones económicas que acarrearía la modificación de la LPI en caso de llevarse a cabo. Destaca que dicho canon tendría un impacto negativo sobre la eficiencia, la libre competencia, la innovación tecnológica y empresarial, y la seguridad jurídica.
La introducción de la llamada 'tasa Google' está destinada a resolver un fallo de mercado cuya existencia es discutible, dado que no se ha demostrado que haya competencia directa entre agregadores y medios en la puesta a disposición del público de noticias. Es más, la existencia existen mecanismos de opt-out para que los editores que no quieren ser agregados eviten que sus contenidos sean distribuidos.
A escala microeconómica, además del perjuicio generado a los usuarios de Internet en términos de pérdida de eficiencia, podrían derivarse efectos negativos sobre el sector editorial, ya que los nuevos medios encontrarían mayores dificultades para posicionarse.
La introducción de un canon, demandado por la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), establece, según el informe, barreras de entrada para nuevos agregadores que no se encontraron los que ya están asentados en el mercado, además "de atentar contra la libertad de empresas y perjudicar a los editores de menor tamaño", según Álvaro Martín. La citada AEDE está a favor del pago de una tasa o canon por parte de los agregadores (desde Google a Menéame, por ejemplo). Desde la propia AEDE llegaron a exigir que "si Facebook o Twitter agregan nuestros contenidos tendrán que pagar".
También señala el informe de Afi que las supuestas ventajas efectivas derivadas de la modificación de la LPI probablemente no compensarían "los enormes costes" que sufriría el sector editorial en términos de pérdida de tráfico de visitantes y de ingresos publicitarios. Asimismo, el hecho de que sea Cedro, la asociación que gestiona los derechos de autor y de propiedad intelectual de los autores y editores, la encargada de hacer las diligencias para aplicar el canon también genera suspicacias, al ser un "operador monopolista, en lugar de permitir la participación de otros agentes cualificados", señala el informe.
Por último, el estudio asegura que su introducción supondría un cambio normativo discrecional orientado a proteger el modelo de negocio de un limitado grupo de editores, "en detrimento del interés general", lo que supondría "un menoscabo de la seguridad jurídica en España".
Arsenio Escolar, presidente de la Coalición Pro Internet y presidente de la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas, ha calificado la reforma de la LPI de "chapuza jurídica". y ha señalado que con este informe quieren "ayudar al Gobierno", que no realizó un informe previo de impacto económico, y animarlo a que "se lo replantee" y considere "otros argumentos".
