La Audiencia Nacional archiva el caso del genocidio en el Tíbet por la reforma de la justicia universal
La reforma de la justicia universal ha acabado con el caso del presunto genocidio en el Tíbet en la Audiencia Nacional, cuyo pleno ha decidido su archivo.
Los magistrados del pleno de la Sala de lo Penal del tribunal han decidido archivar este caso y el de la persecución a los seguidores del grupo Falun Gong también en Tíbet por nueve votos favorables y siete en contra.
Aun así, han aprobado continuar con la investigación de la muerte de Bay Hamdai Bugema supuestamente atropellado por un furgón policial en un asentamiento en El Alaiún (Sahara Occidental), ya que España sigue siendo de derecho la administradora de este territorio.
En cuanto a los casos del Tíbet y de Falun Gong, el pleno los archiva porque no se cumplen los requisitos que contempla la reforma de la justicia universal en estos delitos: los querellados no son españoles ni residen en España, ni se denegó su extradición por parte de las autoridades españolas.
SIETE QUERÍAN LLEVARLO AL TC
Los siete magistrados que se han mostrado en contra de archivar estos dos casos, que investigaba el juez Ismael Moreno, dudaban de la constitucionalidad de la reforma y por ello querían enviar estos casos al Tribunal Constitucional para que decidiera si va en contra de los preceptos de la Carta Magna.
El pasado 10 de febrero, Moreno ordenó la busca y captura para su detención e ingreso en prisión incondicional de cinco exdirigentes chinos, entre ellos el expresidente Jiang Zemin, por genocidio, torturas y lesa humanidad en relación a la represión en el Tíbet, una causa que según críticos con la reforma fue el detonante de que el Gobierno limitase la aplicación de la justicia universal.
Moreno investigaba también la muerte entre 1999 y 2002 de seguidores de Falun Gong, práctica espiritual prohibida por China en 1999, al estimar un recurso de ese movimiento y después de que en 2006 el Tribunal Supremo ordenara a la Audiencia Nacional instruirlo.
MARINEROS CON HACHÍS
El pleno ha acordado por último confirmar la falta de jurisdicción de España para investigar a otros ocho marineros egipcios que fueron detenidos el 6 de marzo de 2014 en un buque sin bandera que navegaba en aguas internacionales y que transportaba 9.851 kilos de hachís.
Como ya se han pronunciado en plenos anteriores, los magistrados entienden que con la nueva ley de jurisdicción universal los tribunales españoles no son competentes para investigar hechos como el presente.
El juez Fernando Andreu acordó su libertad el pasado 8 de abril, ya que la reforma establece que los tribunales españoles solo serían competentes para juzgarlos en caso de que los detenidos sean nacionales o la droga tenga como destino España.
Desde la reforma de la justicia universal aprobada en marzo por el Congreso, el pleno ya ha avalado la liberación de medio centenar de narcotraficantes extranjeros apresados en barcos fuera del territorio nacional.
