Un año de cárcel para Millet por el 'caso Palau'
La Audiencia de Barcelona ha condenado a un año de prisión a los exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull por tráfico de influencias en la tramitación urbanística del Hotel del Palau, pero ha absuelto a la antigua cúpula del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona.
En su sentencia, la sección quinta de la Audiencia condena también a Millet al pago de una multa de 3,6 millones de euros y a una multa de 900.000 euros a Jordi Montull.
En cambio, la Audiencia ha absuelto al exconcejal de Urbanismo Ramon García-Bragado, al exgerente de Urbanismo Ramon Massaguer y al arquitecto del proyecto que nunca vio la luz, Carlos Díaz.
La sala reprocha, eso sí, a los funcionarios su "falta de diligencia" en la tramitación urbanística del Hotel del Palau y sostiene que "debieron obrar con mayor responsabilidad", aunque esa "omisión en el ejercicio de sus funciones no puede calificarse de una desviación grosera, clara e consciente del derecho, sino de una imprudencia grave e inexcusable".
Asimismo, la sala ha acordado que se abran diligencias contra el promotor hotelero Manuel Valderrama, ante los indicios de que mintió en el juicio cuando negó que pagara a Millet y Montull una comisión para que le facilitaran la tramitación del proyecto hotelero.
CRÍTICAS AL PROCESO DE TRAMITACIÓN
La sentencia no ahorra críticas al proceso de tramitación urbanística para la construcción de un hotel de lujo junto al Palau de la Música y apunta que el interés público de dicho proyecto nunca estuvo debidamente motivado, al tiempo que critica la "falta de transparencia" en el proceso de participación ciudadana, en que los vecinos podían opinar sobre las características del establecimiento pero sin cuestionar su construcción.
Asimismo, la sala reconoce errores en el cumplimiento del primer convenio que Millet firmó con el conseller de Economía, Antoni Castells, para construir el hotel y en la descatalogación de los edificios protegidos donde este se iba a edificar, pero recalca que esos hechos no son atribuibles a los funcionarios municipales y que los cargos de la Generalitat "no son acusados en este juicio".
El tribunal considera que, mediante "actuaciones insistentes y persistentes en el tiempo", los saqueadores confesos del Palau Millet y Montull lograron "convencer" a las autoridades competentes para la firma de dos convenios que permitieran la construcción del hotel, "poniendo el acento en el supuesto interés general del proyecto, haciendo desviar la atención de las autoridades" sobre el beneficio económico que ellos perseguían.