El tribunal aparta a la magistrada recusada por Silva por haber trabajado con Blesa
Nuevo giro judicial en la causa contra el magistrado Elpidio José Silva. La Sala del 77 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha apartado a la magistrada María Tardón para "preservar la imagen de la Justicia".
Silva había recusado a Tardón en el juicio contra él -por supuesta prevaricación en su investigación al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa- al haber sido consejera de Caja Madrid.
La decisión de apartar a Tardón la han acordado los cuatro magistrados que han integrado la sala especial de recusaciones del TSJM, que han rechazado apartar al presidente del tribunal que juzga a Silva, Arturo Beltrán, que continuará así en este procedimiento, mientras que la jueza será sustituida por el magistrado que al que legalmente le corresponda.
NO SE SABÉ CUÁNDO SE RETOMARÁ EL JUICIO
Queda aún por ver, señalan fuentes jurídicas, cuándo y en qué punto se retomará el juicio una vez se designe el nuevo magistrado, algo sobre lo que están deliberando el propio Beltrán y su compañero de tribunal Eduardo Urbano.
La sala subraya en un auto que en Tardón "no concurre elemento alguno que cercene su imparcialidad" en relación con esta causa y "no cabría entender que afloren circunstancias que evidencien aquel interés directo o indirecto" al que aludía el acusado, que la recusó por su pertenencia a la Asamblea General de Caja Madrid bajo la presidencia de Blesa.
Así, explican que la magistrada perteneció al citado órgano de Caja Madrid entre 1999 y abril de 2005, cuando se incorporó a la carrera judicial, donde ejerció "amplias facultades de gestión y control", al margen de las relaciones de índole personal que llegara a mantener con Blesa, con quien ella mismo aseguró que no la unía ningún vínculo.
La circunstancia de que fuera consejera, mantiene la sala, "no desvanece por completo la huella dejada" por aquella "relación inicial", lo que "genera la apariencia o sospecha de pérdida de imparcialidad", con la "consiguiente merma de confianza y deterioro de la imagen pública de la Justicia".
Por ello, "con el fin de promover la confianza que deben inspirar los jueces y tribunales en una sociedad democrática", la sala concluye que en el caso de Tardón se dan "indicios objetivos suficientes" de que existe, al menos "en el ámbito de las apariencias", un "interés indirecto" en la causa.
