El Gobierno venezolano rechaza una ley de amnistía pero accede a revisar la salud de Simonovis
El Gobierno y la oposición de Venezuela han sostenido una segunda reunión para el diálogo durante cuatro horas, en la que el Ejecutivo ha rechazado una ley de amnistía, aunque ha aceptado nombrar una junta médica que revise la salud del comisario Iván Simonovis.
A la reunión han asistido el nuncio del Vaticano, Aldo Giordano, los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que han sido designados para acompañar este diálogo, el portavoz de la oposición Ramón Guillermo Aveledo y el del Gobierno, el vicepresidente Jorge Arreaza.
"Sobre los presos y los exiliados es un asunto al cual debemos dirigirnos, en la reunión próxima vamos a tener un equipo de trabajo para ver cómo vamos a abordar eso. Nosotros habíamos propuesto la ley de amnistía, eso no ha sido aceptado por lo pronto, entonces vamos a buscar otros caminos", ha manifestado Aveledo.
EL CASO SIMONOVIS
El secretario de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha indicado que se habló del caso del comisario Simonovis, condenado por dos de las 19 muertes registradas durante el fallido golpe de Estado de 2002 contra el entonces presidente venezolano Hugo Chávez.
La salud de Simonovis es precaria y empeora con las condiciones de su reclusión, y el Gobierno ha aceptado que se le realicen nuevos exámenes "para determinar su estado de salud, de un modo que sea a todos claro, que sea a todos satisfactorio y pueda haber unas medidas de gracia con relación a él".
La oposición y el oficialismo hablarán con las víctimas y familiares "de la violencia y de la acción policial" durante el intento de golpe de 2002. "Llegar a estas conclusiones tomó, no solo varias horas de conversación, sino que ha tomado días intensos de intercambios. El camino, pues, no es sencillo, el camino no es fácil', ha explicado Aveledo.
Según el vicepresidente Arreaza, la reunión "se llevó a cabo en buenos términos, con respeto y con tolerancia". También ha detallado que se ha acordado activar una Comisión de la Verdad "amplia" en la que participen diputados de ambas partes y personalidades acordadas por ambas partes para investigar los casos de torturas y malos tratos a los manifestantes que han participado en las protestas de los últimos dos meses.
