PSOE e IU llegan a un acuerdo que evita la fractura del Gobierno andaluz
El PSOE e IU, socios del Gobierno andaluz de coalición, han alcanzado un acuerdo en la madrugada este sábado y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha firmado el decreto por el que se devolverán a la Consejería de Fomento, dirigida por IU, las competencias relativas a las viviendas sociales de la Junta de Andalucía una vez "restablecida la normalidad" tras un reajuste sobre el realojo de familias procedentes de la Corrala Utopía.
Pasadas las 01.00 horas, el Gobierno andaluz ha hecho este anuncio, que se produce después de que el PSOE-A haya mantenido una reunión con IULV-CA -cuya dirección colegiada decidió este viernes la suspensión "momentánea" del pacto de gobierno, de la que los socialistas salieron satisfechos por los "avances" que se habían producido.
Unas dos horas después de concluir ese encuentro, el Ejecutivo andaluz ha informado sobre la firma de ese decreto de devolución de las competencias a Fomento y Vivienda -que ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)-, al tiempo que ha remitido un comunicado informando detalladamente sobre el asunto de los realojos.
Este viernes ya salió publicado en el BOJA un decreto de la presidenta por el que se retiraban provisionalmente las competencias en materia de adjudicación de viviendas del parque público de la Junta a la Consejería de Fomento y Vivienda, al frente de la cual se encuentra Elena Cortés (IULV-CA), quedando en manos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Esto motivó la reunión inmediata de la dirección colegiada de Izquierda Unida, que concluyó que está situación había dado lugar a una "suspensión momentánea del pacto de gobierno".
LA SITUACIÓN DE LAS FAMILIAS
Según el comunicado, las ocho familias que ya estaban realojadas de forma transitoria en viviendas públicas de la Junta "pueden permanecer provisionalmente" en esos inmuebles hasta que, con carácter urgente, los servicios sociales comunitarios ratifiquen su situación y acrediten fehacientemente el riesgo de exclusión social.
En el caso de las otras nueve familias que iban a ser realojadas en viviendas de alquiler privado "queda suspendido el realojamiento hasta quedar acreditadas las circunstancias necesarias para su realojamiento".
Dicha decisión se ha adoptado una vez "revisadas pormenorizadamente" las circunstancias particulares de todas las familias, según explica la nota.
En el caso de los ya realojados provisionalmente, una vez que los servicios sociales comunitarios ratifiquen su situación, podrán continuar disponiendo de esos alojamientos hasta que la Consejería de Fomento y Vivienda pueda ofrecer otras soluciones de carácter estable a las unidades familiares.
En cuanto a las otras nueve familias, queda suspendido el realojamiento hasta que queden acreditadas las circunstancias necesarias para su realojo, y se les pedirá a los servicios sociales comunitarios, también de forma urgente, que actualicen los informes correspondientes relativos al riesgo de exclusión social y a la necesidad habitacional de las mismas.
UNA DECISIÓN TOMADA ANTE "LAS DISCREPANCIAS"
La Oficina del Portavoz del Gobierno explica que la decisión de atribuir provisionalmente a la Consejería de Hacienda las competencias relativas a la adjudicación de viviendas protegidas, se adoptó ante las "discrepancias" surgidas en el proceso de realojamiento y la controversia acerca de la idoneidad del mismo.
Así, se ha efectuado un análisis "pormenorizado" de las circunstancias acaecidas y del conjunto de actuaciones llevadas a cabo desde febrero de 2014 hasta la fecha, con el objeto de garantizar "el pleno y estricto cumplimiento de la legalidad vigente, así como la igualdad de oportunidades de todos los demandantes de viviendas protegidas."
