Médicos del Mundo constata más de mil vulneraciones del derecho a la salud tras la reforma sanitaria
Médicos del Mundo ha constatado más de 1.000 casos documentados de personas que han sufrido algún tipo de vulneración al derecho a la salud desde que entrara en vigor la reforma sanitaria del Gobierno hace dos años.
La mayoría corresponde a inmigrantes en situación irregular o 'sin papeles', motivado en parte por el "menú diverso" de regulaciones de la cobertura sanitaria que han puesto en marcha las comunidades.
Así se desprende del informe 'Dos años de reforma sanitaria: más vidas humanas en riesgo' presentado este lunes con motivo del Día Internacional de la Salud, en el que lamentan que el desarrollo del Real Decreto-Ley 16/2012 por parte de los gobiernos autonómicos haya sido "muy heterogéneo y descoordinado", lo que ha contribuido a "hacer más profundas las desigualdades en salud".
La mayoría de estas vulneraciones son en personas en situación administrativa irregular a quienes se les ha negado la tarjeta sanitaria o el acceso a alguno de los programas complementarios creados por las comunidades.
LAS COMUNIDADES SORTEAN
En concreto, la ONG informa de que un total de diez comunidades (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana) han dispuesto medidas para proporcionar atención sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular.
Del resto, hay algunas que han definido algunos supuestos o excepciones no contemplados en la reforma, como la atención a enfermos crónicos (Madrid y Murcia), en casos de riesgo para la salud pública (Castilla y León, Madrid, Baleares y La Rioja) o de enfermedades mentales (Madrid, Baleares y La Rioja).
Sin embargo, sólo dos comunidades (Asturias y Andalucía) reconocen el derecho a la atención sanitaria de igual manera que al resto de población residente, mientras que en el resto se crearon programas "complementarios" para personas no aseguradas ni beneficiarias sin recursos.
Pese a todo, Médicos del Mundo considera que "sólo son parches que no llegan a resolver la quiebra del principio de universalidad del derecho humano a la salud".
De hecho, según detallan en su informe, en Galicia sólo 1.470 personas han logrado "cruzar con éxito la travesía burocrática" necesaria para beneficiarse del programa puesto en marcha en esta comunidad; apenas 500 en Aragón y sólo 147 en Canarias, una cifra que consideran "ridícula" si se tiene en cuenta que 48.000 personas perdieron su tarjeta sanitaria en esta comunidad.
En la prestación farmacéutica también se está regulando "de manera desigual entre las comunidades, según denuncian, ya que se limitan por lo general a "cubrir únicamente algunos supuestos".
PROBLEMAS INCLUSO CON PAPELES
Pero junto a la población inmigrante 'sin papeles', la ONG denuncia que entre las vulneraciones constatadas también hay casos de personas que sí están en situación regular y personas nacionalizadas españolas a quienes no se ha proporcionado la información adecuada para solicitar o renovar la tarjeta.
Asimismo, llaman la atención sobre la "recurrente" negativa de la Seguridad Social a reconocer como personas aseguradas o beneficiarias las nuevas categorías de usuarios del Sistema Nacional de Salud (SNS) a quienes han visto regularizada su situación administrativa después del 24 de abril de 2012, "en una interpretación de la legislación que podría ser una extralimitación de sus competencias", según Médicos del Mundo.
Igualmente, critican que se siguen registrando casos de mujeres embarazadas y menores de edad a quienes se les niega el acceso a la atención sanitaria, se ofrece información errónea sobre el derecho que la legislación les reconoce o se les factura la atención prestada.
PAGAR POR SER ATENDIDOS
Y, según alerta Médicos del Mundo, también siguen dándose casos de personas a quienes "se obliga a firmar un compromiso de pago antes de ser atendidas en los servicios de urgencias o que reciben una factura posterioridad y se ven obligados a reclamar su anulación".
Por todo ello, piden al Gobierno que restituyan el modelo sanitario acorde con el principio de universalidad sanitaria y a las comunidades que acaben de manera inmediata con prácticas de facturación por atención de urgencias a las personas inmigrantes sin tarjeta sanitaria y que garanticen la atención en las situaciones que establece la ley.
