Centros de Internamiento de Extranjeros: Encerrados y sin derechos
Cuando el hijo de Patricia Johnson volvió a casa del colegio, su madre no estaba. Había sido arrestada junto al McDonald's de la calle Gran Vía de Madrid y trasladada a comisaría por no tener papeles. De allí, al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. Poco importó que esta nigeriana de 33 años y su hijo de diez llevaran viviendo en Parla (Madrid) desde 2005.
Ella es una de las 4.584 personas que han pasado por los CIE de Madrid y Barcelona en 2013, según el informe Criminalizados, Internados, Expulsados que ha presentado este miércoles la ONG Pueblos Unidos, en el que se repasan las condiciones en las que viven los internados y se presenta una serie de recomendaciones para el nuevo reglamento para los CIE, pendiente de aprobación desde 2009.
Patricia pudo salir del CIE de Aluche quince días después de ingresar. Lo hizo gracias a la ayuda de Pueblos Unidos, que le facilitó información, asesoramiento e incluso una tarjeta telefónica para comunicarse con el exterior. Gracias a ella pudo enterarse, mientras estaba interna, de que su hermano mayor, enfermo en Nigeria, había muerto.
Su caso es uno de los 300 que los voluntarios de esta ONG han podido comprobar in situ en el CIE de Madrid. En total, 1.240 visitas realizadas, con una media de 4 visitas por cada persona atendida, según Pueblos Unidos.
Imagen cedida por Jesús G. Pastor (Puedes ver más en este post)
Ángel Campos es el coordinador de los grupos de visitas y denuncia las condiciones de internamiento en las que viven los allí recluidos. "Atentan contra los derechos fundamentales de las personas", asegura. "En los CIE hay necesidades muy básicas sin cubrir. No hay infraestructuras ni, sobre todo, condiciones de vida. Los internos sufren graves lesiones de sus derechos en un lugar donde la regla general es la prohibición y la sospecha", añade Campos.
El responsable de las visitas a los CIE plantea una serie de quejas sobre las condiciones en las que viven los internos. Dos por encima de todas: la falta de información a los inmigrantes y la desatención sanitaria.
Según explica Campos, a los internos no se les permite usar ordenadores ni móviles para comunicarse con el exterior. "No se pueden comunicar con sus familias, sus amigos o simplemente sus abogados". Tampoco tienen acceso a su situación jurídica, ni conocen el nombre de su abogado de oficio. Según la ONG, esto supone vulnerar su derecho de defensa, ya que para tener esa información deben solicitarlo por escrito y muchas veces ni siquiera logran acceso a su expediente.
Respecto a la deficiente asistencia sanitaria, estas son las principales quejas que plantea Pueblos Unidos:
Ante una situación así, son pocos los que se atreven a presentar una queja o una denuncia, asegura Campos, quien explica que otros optan por cometer acciones desesperadas como autolesionarse, ingerir pilas o champú e incluso tratar de suicidarse.
ABUSO DEL INTERNAMIENTO
Además de todo esto, Pueblos Unidos denuncia que actualmente se está abusando del internamiento y que éste no resulta eficaz tal y como está planteado en la ley: "una medida privativa de libertad que debe ser el último recurso para materializar la expulsión".
Según los datos del informe, el 54% de los internos del CIE de Barcelona fue puesto en libertad, y el 46% fue expulsado. En Madrid, a falta de datos oficiales no aportados por el CIE, de las 54 personas que visitaron en 2013, sólo 6 fueron expulsadas.
El abuso del internamiento que denuncia esta ONG también implica que en muchos casos no se analicen las circunstancias particulares de cada inmigrante. "Especialmente preocupante es el internamiento de personas con solicitud de residencia en trámite", indica el informe. En otros casos, terminan en los CIE personas que carecen de residencia, pese a llevar muchos años en España, o cabezas de familia con hijos menores a los que sustentan económicamente.
A esto se añade que muchas órdenes de internamiento se tramitan por vía urgente, en la que no se puede alegar. "Pedimos que se desarrollen procedimientos análisis y valoración de cada caso. No se pueden hacer de forma automática, sino que hay que valorar la situación jurídica y familiar", indica Cristina Manzanedo, abogada de la ONG.
Manzanedo también critica que se pongan estos procedimientos en manos de los juzgados de guardia que "no tienen conocimientos sobre extranjería porque son penales y simplemente ratifican la orden de internamiento". Esto provoca situaciones como la que se dio en Motril (Granada), donde un juez ordenó el internamiento de 50 inmigrantes de una sola vez.
Imagen cedida por Jesús G. Pastor (Puedes ver más en este post)
"UN CAMBIO DE MODELO"
Por todo ello, desde Pueblos Unidos piden al Ministerio del Interior que escuche sus recomendaciones para incorporarlas al reglamento que se pretende aprobar en el Congreso.
"Pedimos que sea una herramienta para un cambio de modelo efectivo. Tienen que reformarse los CIE en infraestructuras y en su funcionamiento, para poder regular el ejercicio efectivo de los derechos de las personas internas", indica Daniel Izuzquiza, coordinador de Incidencia Pública de la ONG.
También instan a que se haga un "uso" y no un "abuso" del internamiento para que este sea eficaz. "Pedimos que se cumpla lo que dice la ley, que sea una medida de último recurso, lo que no se está cumpliendo. Que no se ingrese a personas que no deberían estar internas", reclama Izuzquiza, quien también aboga por separar a los internos con antecedentes penales de los demás.
Por otro lado, piden que los inmigrantes puedan tener acceso a la información dentro de los CIE y que se estudie la posibilidad de trasladar los procedimientos de internamiento a los juzgados administrativos, para que no sean juzgados penales los que decidan sobre el proceso. Para ello, apuestan por la formación de los jueces y de los abogados en materia de inmigración.
Según los cálculos de Pueblos Unidos, si estas recomendaciones se hicieran efectivas en el nuevo reglamento, el número de internos se reduciría significativamente. "Si se cambia, seguiremos avanzando en el cierre de los CIE", apunta Izuzquiza.
