El juez Pedraz se niega a archivar el caso de José Couso
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se rebela contra el fin de la justicia universal. Pedraz se ha negado a archivar el caso del asesinato de José Couso tras la entrada en vigor de la reforma legislativa que obligaría a cerrar distintas causas de crímenes internacionales.
Pedraz entiende que la muerte en la guerra de Irak del cámara de Telecinco José Couso está amparada por la convención de Ginebra que protege a las personas en un conflicto armado.
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El juez de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión en un auto en el que considera que la reforma legislativa de la justicia universal se contradice con la cuarta convención de Ginebra, que obliga a perseguir los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, entre ellos los periodistas.
Pedraz ha acordado no aplicar en esta causa la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula la justicia universal, así como la disposición transitoria única, que establece el sobreseimiento con carácter retroactivo de las causas abiertas.
En el auto el juez sostiene que la jurisdicción española "sí es competente para investigar" estos hechos porque, de otro modo, se estaría admitiendo "la posibilidad de que una norma interna modifique o derogue una disposición de un tratado o convenio internacional vigente para España, lo cual está proscrito por dos razones":
ÓRGANOS INDEPENDIENTES
Por estos motivos Pedraz ve claro que no debe aplicar la norma y defiende la independencia del poder Judicial:
TRES MILITARES RECLAMADOS POR LA JUSTICIA
A raíz de la muerte en Irak de Couso, el 8 de abril de 2003, su familia presentó una querella en la Audiencia Nacional contra tres militares estadounidenses, que han sido reclamados en cuatro ocasiones por la Justicia española a Estados Unidos para juzgarles en España.
El archivo de las causas de justicia universal tras la reforma no parece que vaya a ser automático, ya que los jueces de instrucción tienen previsto dar traslado antes a las partes para que hagan alegaciones en aras de proteger la seguridad jurídica, según fuentes consultadas en la Audiencia Nacional.
