Alaya impone una fianza de 29 millones a Magdalena Álvarez

La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 29.568.129,20 euros a la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento Magdalena Álvarez, según un auto al que ha tenido acceso Europa Press.

Fuentes del caso han informado a Efe de que Mercedes Alaya calcula esa cifra "grosso modo" teniendo en cuenta las ayudas concedidas hasta el 31 de diciembre de 2003 y puesto que Álvarez ocupó el cargo de consejera de Economía de la Junta de Andalucía hasta febrero de 2004. La magistrada ordenará el embargo de bienes para cubrirla si no la paga en el plazo fijado.

Alaya la considera artífice, "en connivencia con otros", de un "procedimiento ilegal de concesión de subvenciones" que se prolongó entre 2000 y 2011.

La juez Mercedes Alaya impone además una fianza civil de 22.176.096,89 euros al exviceconsejero de Economía y Hacienda entre 1990 y 2004 José Salgueiro, y de 8.870.438,76 euros al exsecretario general de Hacienda andaluz entre 2000 y 2004 Antonio Estepa.

EMBARGO DE BIENES SI NO SE ABONA

En la resolución, contra la que cabe recurso, la juez concede a los tres imputados el plazo de una audiencia, a contar desde el siguiente día a la notificación del auto, para la prestación de la fianza, advirtiendo de que ordenará el embargo de bienes para cubrir dichas responsabilidades si no se abona la fianza en dicho plazo.

En la primera de las dos comparecencias de Álvarez ante la juez, celebrada el 8 de octubre de 2013, ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Junta andaluza pidieron medida alguna para la imputada, mientras que la acusación que ejerce Manos Limpias pidió que se le impusiera una fianza de responsabilidad civil de 125 millones, más el tercio legal previsto.

En el caso de Magdalena Álvarez, imputada por dos presuntos delitos de malversación y prevaricación, la instructora toma como base para fijar la fianza civil las ayudas "efectivamente abonadas" hasta el 31 de diciembre de 2003, una cuantificación "realizada a groso modo" dado que su cargo "perduró hasta el 7 de febrero de 2004", precisando que el importe de las mismas asciende a 177.408.775,22 euros.

"Por razón de sus competencias y responsabilidad en los hechos, compartida principalmente con la Consejería de Empleo", la juez cuantifica la fianza civil referente a la exconsejera en 2/8 de dicha cifra, lo que son 22.176.096,90 euros más el tercio legal previsto.

"PROMOTORES EN CONNIVENCIA"

Alaya cree que Álvarez y los otros dos imputados, en virtud de los cargos ostentados, "serían promotores, en connivencia con otros, del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales que se instaurarían en la Administración Autonómica desde el año 2000 y que perduraría hasta el año 2011", un procedimiento que "consistía en dotar a la Consejería de Empleo de un crédito presupuestario, las denominadas transferencias de financiación, legalmente inadecuado para el otorgamiento de tales subvenciones", ya que "su finalidad era financiar operaciones genéricas de los entes o empresas públicas".

Al hilo de ello, incide en que la adopción de este procedimiento "al margen de la Ley" se iniciaría, "entre otros, con la autorización de los inculpados encargados de la elaboración del presupuesto anual, en virtud del interés de la Junta de dar mayor agilidad a los procesos de ayudas sociolaborales", todo ello con la finalidad "básica" de "eludir el control de legalidad que significaba la fiscalización previa de la Intervención en los expedientes de subvenciones".

"Este uso ilegal de fondos públicos se permitiría por los inculpados, a sabiendas de que en virtud de dicho procedimiento la concesión de subvenciones sociolaborales necesariamente se realizaría con absoluta discrecionalidad y de forma totalmente opaca, incumpliendo los más elementales principios de actuación de la Administración consagrados en el Estatuto de Autonomía, como el de imparcialidad, transparencia y no discriminación y los principios rectores de la actuación subvencionadora: publicidad, libre concurrencia, objetividad e igualdad", asevera la juez.