La Audiencia ordena prisión para el expresidente chino Jiang Zemin por genocidio en el Tíbet
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha ordenado la busca y captura para su detención e ingreso en prisión incondicional de cinco exlíderes comunistas chinos, entre ellos el expresidente Jiang Zemin, por delitos de genocidio, torturas y lesa humanidad en relación a la represión en el Tíbet.
De esta manera, el juez acata la orden de la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que el pasado noviembre ordenó las detenciones de los cinco en contra de la opinión del propio magistrado, que hasta ahora no había dado curso a este mandato del tribunal.
"Jiang ejerció autoridad de supervisión sobre las personas que cometieron de forma directa los abusos propiamente dichos, lo que le hace responsable de actos de tortura y otros importantes abusos de derechos humanos perpetrados por sus subordinados contra la población tibetana", dice el juez en el auto por el que ordena la prisión del expresidente.
Aparte de Jiang, presidente de China entre 1993 y 2003, el juez ordena, vía Interpol, la detención de Li Peng, primer ministro chino a finales de los años 80 y principios de los 90; Qiao Shi, exjefe de la seguridad china y responsable de la policía armada; Chen Kuiyuan, secretario del Partido Comunista de China en Tíbet entre 1992 y 2001, y Peng Peiyun, ministra de Planificación Familiar en los años 80.
Moreno ha emitido esta providencia después de que la sección cuarta rechazara la petición de la Fiscalía de anular las órdenes de detención, que causaron un "fuerte malestar" en el Gobierno chino.
LIMITACIÓN DE CAUSAS A DELITOS EXTRANJEROS
Precisamente, este martes el Pleno del Congreso debate la toma en consideración la proposición de ley del PP para reformar la jurisdicción universal, regulada en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), con el fin de que introducir nuevos requisitos que se pretenden aplicar a las causas actualmente en trámite en la Audiencia Nacional. Toda la oposición se ha mostrado en contra.
La principal novedad es limitar las actuaciones a casos en los que los criminalmente responsables sean españoles o extranjeros nacionalizados tras la comisión de los hechos supuestamente delictivos, lo que abriría la puerta a archivar diferentes causas que se están tramitando actualmente en los juzgados centrales de Instrucción.
Entre las causas afectadas figura la que mantiene abierta el juez Ismael Moreno por el genocidio tibetano contra la cúpula del Gobierno chino, incluyendo a los expresidentes Jiang Zemin y Hu Jintao y el exprimer ministro Li Peng, cuyas órdenes de detención han sido avaladas por Audiencia Nacional en contra del criterio del fiscal.
Pero la reforma también podría provocar el archivo de casos como la muerte del periodista José Couso en la Guerra de Irak, por la que se acusa a militares estadounidenses; el asesinato de Ignacio Ellacuría y otros cuatro jesuitas españoles a manos de militares salvadoreños en 1989; la investigación de altos cargos guatemaltecos por delitos de genocidio y torturas cometidos contra la población maya; la investigación de altos mandos de Ruanda por la muerte de cuatro millones de personas en los años noventa y del asesinato de nueve españoles; o las denuncias por casos de ablación genital.
