Vox, el partido a la derecha de la derecha del PP

1. Una nueva Ley Electoral que sustituya el actual sistema proporcional por un sistema mixto mayoritario-proporcional con circunscripciones de una dimensión que posibilite un vínculo real entre representantes y representados. El sistema electoral ha de reflejar fielmente el pluralismo social y favorecer a la vez la gobernabilidad del país.
2. Una nueva Ley de Partidos que garantice su funcionamiento democrático y la transparencia y equidad de su financiación. La periodicidad máxima de sus Congresos será bienal y estarán abiertos a todos sus afiliados. Los cargos orgánicos y los candidatos a las elecciones serán elegidos por sufragio universal y secreto de todos los militantes en el ámbito territorial que corresponda. Los órganos de dirección de los partidos serán directamente responsables de la buena administración, veracidad y legalidad de sus cuentas.
3. Supresión de las suvenciones públicas a partidos, sindicatos y organizaciones empresariales con la excepción de la dotación necesaria para la correcta labor de los Grupos Parlamentarios y Municipales.
4. Evolución del Estado de las Autonomías hacia un Estado unitario administrativamente descentralizado que reconozca e integre los hechos diferenciales culturales, lingüísticos, jurídico-forales e insulares característicos de nuestro país. Un Estado con un único Gobierno, un único Parlamento depositario exclusivo de la soberanía nacional y un Tribunal Supremo que actúe como última instancia jurisdiccional en todos los órdenes, comprendido el constitucional. Durante el proceso político, electoral y legislativo que desemboque en esta transformación, VOX promoverá aquellas medidas y reformas que, dentro del ordenamiento vigente en cada momento, contribuyan a la fortaleza y eficiencia del Estado, a la cohesión de la Nación y a la igualdad de los derechos y libertades de los españoles, así como al cumplimiento de sus obligaciones, en todo el territorio nacional.
5. Reforma de la composición y de la forma de elección de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial, volviendo a la fórmula prevista por la Constitución de 1978.
6. Atribución de la jurisdicción constitucional al Tribunal Supremo, que resolverá los recursos de amparo según las materias correspondientes a las diferentes Salas. Los recursos de inconstitucionalidad corresponderán a una Sala especializada constituida de manera permanente a tal efecto. Se repondrá el recurso previo de inconstitucionalidad.
7. Despolitización completa de la forma de elección y de las competencias del Tribunal de Cuentas y de los Organismos Reguladores para garantizar su independencia.
8. Reforma del Régimen Local sobre la base de una descentralización administrativa provincial e insular conducente a una mayor eficacia y eficiencia de la administración territorial compatible con el control de legalidad a cargo de las instancias centrales del Estado. Nuevo mapa municipal que se traduzca en una notable reducción del número de entes locales mediante su agrupación con criterios de proximidad, demografía, optimización de recursos y operatividad.
9. Una nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno que establezca plenas garantías de control de la gestión y administración de los recursos públicos por parte de los ciudadanos posibilitando el ejercicio efectivo de sus derechos como administrados de tal forma que queden protegidos frente a eventuales arbitrariedades o abusos del poder político.