La Lomce, la ley educativa del ministro Wert, ya está en vigor
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) entra en vigor este lunes, aunque su implantación no comenzará hasta el curso 2014-2015, cuando lo hará para Primaria y Formación Profesional Básica.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, explicó el pasado 28 de noviembre en el Congreso, al aprobarse definitivamente la ley, que a partir de ese momento comenzaba su "desarrollo normativo", e invitó a los consejeros educativos de todas las comunidades autónomas a colaborar en su puesta en marcha.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la nueva norma el pasado 10 de diciembre, y en su texto se afirmaba que entraría en vigor a los veinte días.
La Lomce señala en su preámbulo que el alumnado es "el centro y la razón de ser de la educación" y que el aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar 'personas autónomas, críticas y con pensamiento propio'.
En Educación Secundaria la reforma educativa comenzará a aplicarse para los cursos primero y tercero en 2015-16, y para segundo y cuarto en 2016-17.
En Bachillerato, la Lomce se aplicará para el primer curso en 2015-2016, y para el segundo en 2016-2017.
PRIVATIZADORA Y "ADOCTRINADORA"
La mayoría de los partidos de la oposición la rechazan al considerarla privatizadora, "adoctrinadora" o invasora de competencias autonómicas, por ejemplo, en las lenguas cooficiales.
La reforma establece que el castellano es la lengua vehicular de la enseñanza y que las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable.
Y para dar respuesta a las familias que quieren que sus hijos estudien en castellano en comunidades con lengua propia, la Lomce dicta que el Gobierno adelantará el pago de la escolarización privada de los alumnos que no tengan garantizado el aprendizaje en castellano en centros públicos o concertados, y se lo descontará a éstas de la financiación autonómica que les corresponda.
Por otra parte, la ley establece que los miembros del equipo directivo del centro y los profesores serán considerados autoridad pública o que el consejo escolar del centro tendrá funciones esencialmente consultivas.
