El juez embarga a Urdangarin la mitad del palacete de Pedralbes
El juez del caso Nóos, José Castro, ha embargado la mitad del palacete de Pedralbes, propiedad al 50% de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, después de que el Duque de Palma no hiciese frente en su día a la fianza de responsabilidad civil que le impuso el magistrado de forma conjunta y solidaria con su exsocio Diego Torres -por un importe de 8,2 millones al que posteriormente se le descontó el IVA-.
El magistrado ha dictado este lunes un auto mediante el que embarga no sólo la mitad del inmueble de Barcelona, sino también parte de otras viviendas que se encuentran a nombre de Urdangarin y que éste ofreció al Juzgado de Instrucción número 3 con el objetivo de cubrir, junto a los bienes correspondientes a Torres, la caución reclamada por el juez.
Tanto Urdangarin como Torres recurrieron el auto mediante el que fue decretada la fianza. En el caso del Duque, denunciaba haber visto vulnerado su derecho de defensa tras decretarse la caución, debido a la cual se vería abocado a un "injusto empobrecimiento".
CRIMINALMENTE RESPONSABLES
En su auto de responsabilidad civil, al que tuvo acceso Europa Press, el juez Castro afirmaba que Urdangarin y Torres no son "los únicos criminalmente responsables" en el marco de estas pesquisas, al reprochar en este contexto el papel que desempeñaron las Administraciones públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana y más en concreto de quienes gestionaban el dinero que acabó desviado.
En una resolución de 542 páginas, el magistrado llegaba a afirmar que se limitaba a imponer la caución a Urdangarin y Torres "por exigencia de congruencia" con las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias, al considerar que "deviene imposible imaginar una disposición de fondos públicos en la que no intervenga de una manera activa o pasiva quien tiene encomendada su gestión".
CAMPS Y BARBERÁ, A DECLARAR
Además el juez ha citado a declarar en calidad de testigos, el próximo 16 de noviembre, al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps (11.30 horas), y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá (12.00), cuya comparecencia tendrá lugar en Valencia y había sido reclamada por el sindicato Manos Limpias, así como por la Fiscalía Anticorrupción.
En su interrogatorio, ambos deberán aclarar su participación en las negociaciones previas a la firma del convenio y las dos addendas de los Valencia Summit por los que el Instituto Nóos percibió alrededor de 3,6 millones de euros públicos; así como en relación al convenio firmado por 382.203 euros para que la ciudad de Valencia fuera sede de unos Juegos Europeos que nunca llegarían a celebrarse.