Andalucía aprueba la primera expropiación para evitar un desahucio
María del Carmen, Antonio Luis y sus hijos podrán seguir viviendo en su piso en Huelva. La Junta de Andalucía ha aprobado la expropiación del uso de la vivienda en la que residen para evitar el desahucio de esta familia en riesgo de exclusión social.
El Gobierno autonómico ha dado este paso en virtud de la nueva ley de Función Social de la Vivienda, en vigor desde la semana pasada y que sustituye al anterior decreto sobre expropiaciones -paralizado por el Tribunal Constitucional tras interponer un recurso el Gobierno central-.
Después de la aprobación de esta nueva ley, el Gobierno andaluz ha reactivado todos los casos que quedaron suspendidos tras la admisión a trámite del recurso por parte del Alto Tribunal.
El domicilio de María del Carmen y su familia es la primera vivienda expropiada en España para evitar un desahucio, según fuentes de la Junta de Andalucía.
La vivienda había sido embargada por una sociedad de gestión de activos (A Y T Fondo Hipotecario Mixto, Fondo de Titulización de Activos), que es una sociedad destinada a la compraventa "especulativa de bienes inmobiliarios", según explican fuentes del Gobierno andaluz. Esta familia onubense abonará a partir de ahora el 25% de sus ingresos familiares, y nunca más de 130 euros al mes.
LA HISTORIA DE MARÍA DEL CARMEN
El primer paso para esta expropiación se dio el pasado 23 de mayo, cuando se publicó en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) el inicio del expediente. Aquel día María del Carmen narró su historia a El Huffington Post: "o le metía una patada a la puerta de un piso o me quedaba en mi casa de okupa".
Esta andaluza compró la casa en 2004 y a partir de 2009 comenzó a tener problemas para hacer frente a la hipoteca. Las cosas no iban bien en el negocio que tenía junto a su marido y fueron a peor cuando lo cerraron y abrieron otro bar en 2012.
A partir de los impagos, comenzaron a llegar cartas del banco, que se negó a la petición de la familia de pagar la hipoteca en 40 años en vez de los 30 pactados inicialmente. "No tenía dónde irme. Lo he pasado muy mal", declaró en ese momento.
LOS TRÁMITES
La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta, encabezada por Elena Cortés (IU), ha planteado a la sociedad propietaria de la vivienda un acuerdo económico por el uso de la misma durante tres años por 4.711 euros. De no llegar a un acuerdo en los próximos quince días, la Junta continuará los trámites para la "urgente ocupación" para garantizar que esta familia continúe en este hogar.
Como este caso, hay otros 17 a los que solo les falta el acuerdo de Gobierno regional para llegar a este punto. Estos casos se localizan en las provincias Málaga (6), Sevilla (4), Almería (3), Granada (2), Huelva (1) y Cádiz (1). Estas viviendas son del BBVA (3), Banesto (3), Banco Santander (2), Banco Popular (2), Caja Rural de Granada (2), Banco de Sabadell (1), Caja Rural del Sur (1), Deutsche Bank (1),, Citifin (1) y Gescat Viviendes (1).
Además, hay 113 expedientes listos para remitirlos al Boletín de la Junta de Andalucía, por lo que asciende a 130 las expropiaciones ya en marcha.
Con esta medida, el Gobierno andaluz trata de dar respuesta a la situación de muchas familias en una comunidad en la que, según los cálculos del Ejecutivo autonómico, hay 700.000 viviendas vacías y en la que se han efectuado más de 80.000 desahucios desde el año 2007.