Polémica por una factura de móvil de 7.537 euros en la Generalitat Valenciana
La secretaria autonómica de Presidencia de la Generalitat Valenciana, Cristina Macías, gastó en teléfono móvil 7.537 euros el pasado mes de junio. La noticia ha visto la luz después de que la Asociación Contra la Corrupción en la Comunidad Valenciana hiciera pública una copia de la factura. Sin embargo, y pese a que el importe fue abonado por la Generalitat al tratarse de su teléfono corporativo, fuentes de la Conselleria han asegurado que se trata de un "error de facturación" reconocido por la compañía operadora y que el importe les será devuelto.
"Le puede pasar a cualquiera; no es inusual que las compañías se equivoquen y facturen más de la cuenta", han señalado fuentes de Presidencia a El Huffington Post.
El presidente de la Asociación Contra la Corrupción, Enrique Soriano, no piensa lo mismo. "Si es un error que lo demuestren con documentos. Es una barbaridad que Macías haya gastado en un mes más de lo que percibe un parado en un año y que encima lo paguen los valencianos", ha denunciado.
“Es vergonzoso que los dirigentes políticos nos recorten los servicios sociales básicos por la falta de presupuesto y que a la vez permitan este tipo de despilfarros”, ha añadido.
En cuanto a la relación de llamadas efectuadas, Soriano ha señalado que "casi todas se realizaron desde fuera de España" a distintos números de teléfono. "Como no es su dinero y nadie le controla ni dice nada, lo que ha hecho Macías es llamar a su antojo".
Este periódico ha intentado verificar el mencionado error de facturación, pero desde la dirección general de Tecnologías de la Información de la Generalitat no se ha facilitado ningún documento.
QUERELLAS CONTRA FABRA Y CASTELLANOS
El presidente de la asociación ha anunciado que en los próximos días presentarán querellas contra el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, tras ser rechazadas por la Fiscalía Superior y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y por la sala de lo Civil y Penal del tribunal valenciano, respectivamente, según ha informado la agencia Efe.
La denuncia y posteriores querellas contra Fabra son por presunta malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental por la contratación de dos asesores en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Castellón, durante su etapa como alcalde, sin que ejercieran ninguna función en el consistorio sino para el PP de la capital de La Plana.
La otra querella hace alusión al conocido como 'caso Taroncher' e iba dirigida contra Castellano, su mujer, el empresario José Miguel Taroncher y la esposa de este último por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, un delito de negocio y actividades prohibidas a los funcionarios y los abusos en el ejercicio de su función en relación a unas contrataciones supuestamente irregulares adjudicadas a Construcciones Taroncher.
