Andalucía acusa al Gobierno de "quitar poder a la gente" al recurrir la ley antidesahucios
Tras recurrir el Gobierno el decreto andaluz antidesahucios, la Junta ha respondido tajantemente y ha acusado al Gobierno de "quitar poder a la gente, al pueblo" y volver a dárselo "a las entidades financieras".
Así se ha expresado la consejera andaluza de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, que ha defendido durante este miércoles ante la Comisión Europea esta ley andaluza, que permite la expropiación de viviendas a bancos en casos de familias en riesgo social.
"El Gobierno no recurre el decreto porque sea inconstitucional. El decreto ley es absolutamente constitucional y tiene seguridad jurídica plena como la luna llena", ha sostenido Cortés, quien ha insistido en Bruselas que la norma se ajusta a la Carta Magna y es un "antídoto" contra la especulación que ha provocado la crisis económica actual.
Según Cortés, el Ejecutivo central recurre esta ley "porque funciona, porque hemos demostrado en el año que llevamos en el Gobierno andaluz que hemos sido capaces de aprobar un decreto ley que protege la vida de las familias, que tutela a las familias vulnerables que están en situación de pérdida de la vivienda y que, por tanto, hay alternativas a las políticas neoliberales que está practicando el Gobierno central".
La consejera de Vivienda ha admitido que es posible que el recurso "previsiblemente paralice durante algún tiempo la norma". Si el Alto Tribunal admite a trámite la impugnación del Ejecutivo, la ley quedará suspendida por un periodo de cinco meses.
"No nos vamos a rendir, vamos a seguir luchando por paralizar los desahucios", ha asegurado Cortés, que ha explicado que hasta ahora el Gobierno andaluz ha iniciado 12 expedientes de expropiación temporal de viviendas a la banca.
LOS ARGUMENTOS ANTE LA UE
Cortés se ha desplazado hasta Bruselas para defender el decreto, que ha sido cuestionado por las autoridades europeas al entender que puede afectar negativamente a la estabilidad financiera y al crecimiento económico. Este mismo miércoles, la Comisión Europea y el BCE han insistido en las repercusiones desfavorables que, a su juicio, puede suponer en el sector bancario e inmobiliario.
"Hemos defendido claramente que creemos que el decreto ley es un antídoto contra las políticas de especulación y burbuja inmobiliaria que son las que nos han traído hasta aquí y las que han hecho que con dinero público tengamos que rescatar a las entidades financieras", ha explicado Cortés.
La consejera de Vivienda ha alegado ante los funcionarios europeos que el objetivo del decreto es "acercarnos al modelo europeo de alquiler" y "la protección y tutela del derecho a la vivienda en momentos de emergencia habitacional".
"No es posible que haya 700.000 viviendas deshabitadas en Andalucía cuando ha habido 80.000 desahucios o tenemos casi 190.000 familias que nos piden una vivienda para ejercitar ese derecho humano", ha esgrimido Cortés, que ha trasladado al Ejecutivo comunitario documentación para defender la legalidad del decreto.
"Les ha parecido una información muy importante y muy interesante", ha apostillado la consejera de Vivienda. El Ejecutivo comunitario, ha proseguido, utilizará estos documentos en su negociación con el Gobierno central sobre el decreto andaluz.