La nueva exención a los yates costará a las autonomías 1,2 millones
La modificación en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros y que supone ampliar la exención a todas las barcas de alquiler, independientemente de su eslora, costará a las arcas autonómicas 1,2 millones de euros al año según estimaciones del Gobierno.
Así se recoge en la Memoria de impacto económico del proyecto de ley por el que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, documento al que ha tenido acceso Europa Press.
El cambio afectará a una veintena de embarcaciones deportivas o de recreo explotadas con fines lucrativos y cuya eslora supera los 15 metros, que a partir de ahora no deberán pagar este gravamen.
Dado que la mayoría de estos barcos dedicados al 'chárter náutico' son motoveleros, con un valor estimado medio de 600.000 euros por embarcación, el Ejecutivo calcula que se perderían unos 72.000 euros por matriculación. En total, 1,2 millones de euros que, según reconoce el Ejecutivo, no serán recaudadas por las comunidades autónomas, que tienen cedido totalmente este tributo.
"FAVORECEN A LOS MÁS PODEROSOS"
El PSOE ya ha pedido explicaciones sobre esta medida, al considerar que supone un nuevo ejemplo de cómo el Gobierno "favorece a los más poderosos", y además ha registrado una pregunta en el Congreso para saber el número de empleos que generan las empresas de alquiler de embarcaciones, con el objetivo de saber si realmente está justificada la decisión.
De su lado, el portavoz de la Comisión de Fomento del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Andrés Ayala, ha valorado que el charter náutico es una actividad que genera "muchos puestos de trabajo", tanto directos como indirectos, y que en España tenía una competencia "desequilibrada" en comparación con otros países, fundamentalmente de la cuna del Mediterráneo, tras recordar que esta medida se refiere "exclusivamente" a las destinadas al alquiler y no protege ningún patrimonio.