Imputados el padre y un hermano de Arantxa Sánchez Vicario por apropiación indebida
La Audiencia de Barcelona ha imputado al padre de la extenista Arantxa Sánchez Vicario, Emilio Sánchez, al hermano Javier Sánchez, al abogado Bonaventura Castellanos y al economista Francisco de Paula por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración fraudulenta, falsedad en documento público y deslealtad profesional.
Según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la Sección 10 de la Audiencia ha estimado el recurso de apelación de la extenista contra la decisión del Juzgado de Instrucción 28 de Barcelona de archivar la causa al considerar que no había "indicios de criminalidad" para imputar a los querellados.
La Audiencia cree que este archivo se produjo sin haberse hechos suficientes diligencias en la instrucción que permitieran saber la "suficiencia o no" de indicios de criminalidad, por lo que ha citado a los querellados a declarar como imputados.
La extenista recurrió la decisión de la juez y ahora la Audiencia no sólo le ha dado la razón, sino que reprocha a la instructora que no siguiera "la tramitación adecuada porque abrió diligencias indeterminadas en lugar de las correspondientes previas" y sobreseyó la causa provisionalmente sin hacer ninguna diligencia.
La querella de Arantxa Sánchez Vicario fue presentada el 13 de noviembre de 2012 y la juez dio traslado de ella al Ministerio fiscal el 18 de diciembre para que presentase un informe.
El tribunal reprocha a la juez que admitiera la presentación de un escrito firmado por Castellanos "quien aún ni siquiera era parte en el procedimiento, en el que, haciendo uso de su condición profesional de abogado, formulaba alegaciones y aportaba prueba documental solicitando la inadmisión de la querella".
"MANIFIESTA INDEFENSIÓN"
La Audiencia dice que la actuación de la jueza instructora dejó en "manifiesta indefensión a la presunta perjudicada" y que el archivo de la querella sin la incoación de ninguna causa ni la práctica de ninguna diligencia no permite "averiguar la suficiencia o no de los indicios racionales de criminalidad".
En su querella, Arantxa Sánchez Vicario explica que ejerció de tenista profesional desde que tenía 14 años y hasta los JJOO de Atenas de 2004, y durante todo este periodo su padre y el abogado Castellanos asumieron todas las decisiones relativas a la administración de las empresas que ellos mismos iban constituyendo y dirigiendo con los poderes notariales otorgados por ella.
Según la querella, la finalidad era "proteger su patrimonio e invertir los elevados beneficios económicos que la tenista ganaba".
La querellante sostiene que dada la "lógica confianza" en su progenitor y en el abogado de la familia no decidió implicarse en la gestión empresarial hasta el año 2005 cuando se encontró "por sorpresa" con que la Inspección de Hacienda le impuso una sanción de 5,2 millones de euros por liquidación incorrecta de su IRPF.
PÉRDIDA DE CONFIANZA
Esta multa provocó una pérdida de confianza y la extenista asegura que encomendó una auditoría interna de las cuatro sociedades titulares de su patrimonio inmobiliario y financiero, de la que ella era la accionista mayoritaria.
Arantxa Sánchez afirma que esta auditoría reveló la existencia de numerosas órdenes de reintegro de fondos en efectivo y transferencias bancarias emitidas por su padre, su hermano, el abogado y una cuarta persona ajena al ámbito familiar por un importe total de más de 16 millones de euros, por lo que decidió revocar los poderes notariales y les requirió que aportasen la documentación para justificar aquellos gastos.