El Gobierno endurece la legislación de las cajas de ahorro para reducir su politización
Las cajas de ahorro deberán centrar su negocio en una comunidad autónoma y verán reducida la influencia política en los bancos de los que muchas son accionistas aunque sean los principales baluartes o apoyos en operaciones como una ampliación de capital.
Esas son dos de los principales requisitos que este viernes aprobó el Gobierno en el Proyecto de Ley de Cajas y Fundaciones, llamado a evitar pésimas gestiones como las que hicieron que se hundiera el sector.
Las fundaciones bancarias, antiguas cajas de ahorros, que tengan una participación igual o superior al 50% en los bancos que se transformen podrán acudir a ampliaciones de capital de estas nuevas entidades, si bien no podrán ejercer los derechos políticos correspondientes al incremento de su participación.
Otras de las modificaciones del anteproyecto tiene que ver con la política de dividendos, pues deberá ser aprobada por el 66% de los accionistas con derechos de voto, frente al 75% contemplado anteriormente.
No obstante, el proyecto mantiene la incompatibilidad entre los patronos de las fundaciones y el consejo de administración de los bancos. "No podrán ser las mismas personas, un tema importante para la independencia de las entidades", ha señalado el ministro de Economía, Luis de Guindos.
LAS CAJAS SEGUIRÁN EXISTIENDO
Según él, la norma "en ningún caso" prevé la "dilución de las cajas" y sí la mejora de sus órganos de gobierno corporativo, una mayor profesionalización y su independencia respecto a los poderes políticos.
De esta manera, las cajas no podrán tener un activo superior a 10.000 millones de euros o una cuota de depósitos por encima del 35 % de los de la comunidad en la que operen.
En el caso de las cajas rebasen este límite, tendrán que traspasar su actividad financiera a un banco, que será participado por una fundación.
