El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, niega haber prohibido los escraches a menos de 300 metros
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha negado haber ordenado prohibir los escraches a menos de 300 metros de los domicilios de los políticos.
"No se ha adoptado ninguna medida que diga que se ha establecido un perímetro de seguridad de 300 metros, eso como ministro lo desmiento", ha dicho Fernández Díaz en los pasillos del Congreso.
Según el ministro, sería "absurdo" marcar un perímetro de seguridad. Fernández Díaz ha asegurado que la orden dictada a la Policía es que se apliquen "medidas operativas" para garantizar derechos como la inviolabilidad del domicilio y la intimidad personal y familiar.
De esta forma, Fernández Díaz desmiente al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien horas antes ha explicado que se establecerán "límites especiales" para compatibilizar el derecho de manifestación con el derecho a la intimidad y la seguridad de los políticos.
Esos límites se basarían en una instrucción como la que puso en marcha la Ertzaintza en el País Vasco, donde el lunes se prohibió a activistas antidesahucios acercarse a menos de 300 metros del despacho del diputado del PP José Eugenio Azpiroz en San Sebastián.
Martínez ha hecho estas declaraciones ante el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, quien no ha negado la mayor. De hecho, ha explicado que será "una distancia orientativa" que se aplicará "en función de cada caso".
FERNÁNDEZ DÍAZ: "ES ABSURDO"
El ministro del Interior ha considerado "absurdo" poner una distancia con carácter general porque depende de la calle, las circunstancias o del entorno, y en función de eso las medidas operativas necesarias pueden ser "de 300 metros, de 30 o lo que sea". "Los responsables saben interpretarlo", ha añadido.
Ha reiterado que el objetivo de su Ministerio es el cumplimiento legal de la protección tanto del derecho de manifestación como del de la inviolabilidad del domicilio articular. Eso sí, ha subrayado que el ejercicio del derecho de reunión y manifestación exige una comunicación previa a la autoridad gubernativa.
"Y ninguno de esos acosos se han comunicado y, por tanto, en todos esos llamados escraches, que son acosos, coacciones o intimidaciones, se están violando de manera flagrante la ley de derecho de reunión y manifestación", ha recalcado.
