El exdirector de los ERE de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, vuelve a prisión
Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía cuando se produjeron los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha vuelto este miércoles a prisión. Guerrero ya estuvo preso en la cárcel de Sevilla durante siete meses por este caso y quedó en libertad bajo fianza tras abonar 50.000 euros.
A las 20.30 la magistrada Mercedes Alaya ha dado a conocer el auto, en respuesta a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que había pedido previamente el internamiento de Guerrero al considerar que existe "riesgo de fuga", que podría "destruir o alterar pruebas" y que tendría la posibilidad de entrar en contacto con otros imputados.
El 10 de marzo de 2012, la misma jueza ordenó el ingreso del exdirector en prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de hasta seis delitos: de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, de falsedad en documento oficial y en documento mercantil.
La decisión se conoce en el marco de la operación Heracles que lleva a cabo el Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que contabiliza por el momento 20 detenciones, nueve imputados citados a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y 13 registros en la operación simultánea que desarrolla en las provincias de Sevilla, Cádiz, Jaén, Granada, Madrid, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria en relación con la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía.
La juez Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, investiga una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos ERE promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros para sufragar la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública al prescindir supuestamente de la fiscalización administrativa, siempre según la investigación.