La Fiscalía pide proceder contra José Blanco por tráfico de influencias
El fiscal Manuel Manuel Dolz solicitará a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que proceda contra el exministro José Blanco por un delito de tráfico de influencias relacionado con sus gestiones para la obtención por la empresa Azkar de una licencia para instalar un almacén próximo al aeropuerto de El Prat, en el término de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).
Con esta petición, la Fiscalía da por finalizada la instrucción del magistrado José Ramón Soriano del caso Campeón en el Tribunal Supremo e insta la petición al Congreso del suplicatorio para poder proceder contra el mandatario socialista, que cuenta con aforamiento por su condición de diputado.
El Ministerio Público descarta, por tanto, la existencia de indicios contra Blanco por un presunto delito del cohecho del que le acusó el empresario farmacéutico Jorge Dorribo, en relación con un supuesto pago al exministro socialista de 200.000 euros efectuado en una gasolinera de Guitiriz (Lugo) a cambio de gestiones ante el Ministerio de Sanidad.
CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES
El fiscal del caso, Manuel Dolz, ha pedido el suplicatorio después de que ayer el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, le diera autorización para ello, tras celebrar una serie de reuniones consultivas con cuatro fiscales de Sala.
La investigación a Blanco se ha centrado en saber si medió en la concesión de autorizaciones para instalar una nave industrial de Transportes Azkar, propiedad del empresario gallego José Antonio Orozco, amigo del exministro, en unos terrenos próximos al aeropuerto del Prat, en Sant Boi.
Además, se ha investigado si Orozco, a cambio de esos favores, hizo aportaciones económicas a Blanco para la compra y las obras de reforma del chalé que adquirió el exministro en la localidad madrileña de Las Rozas.
En un último auto, con fecha del 27 de febrero, el juez Soriano indicaba que "en ausencia de petición de diligencias por parte del Ministerio Fiscal, de la defensa y del instructor, la aportación de las que se ordenaron a la policía judicial (UDEF) o ésta pudo haber practicado (...) son suficientes para que el fiscal y, en su caso, la defensa soliciten el sobreseimiento de la causa o la petición de suplicatorio por alguno de los hechos investigados".
Antes de dar por cerrada la causa el juez accedió a las peticiones de la UDEF de investigar en mayor profundidad la compra y las obras de reforma del chalé de Blanco en Las Rozas.
RECURSOS
La defensa de Blanco, que ejerce el abogado Gonzalo Martínez Fresneda, recurrió la semana pasada esta última resolución de Soriano y, unido al recurso, aportó al juez los justificantes de los pagos de esas obras, ya que de la compra recordaba que los aportaron el pasado 31 de enero.
Sobre los gastos en seguridad, la defensa indicaba que tuvieron un coste de 101.395 euros que pagó el PSOE, gasto que fue "contabilizado y declarado ante Hacienda, tanto por el partido como por la empresa constructora", mientras que "la parte de las obras que no se correspondían estrictamente con la protección del edificio" fueron abonadas por el exministro y su esposa y costaron 68.440 euros.
Este pago se hizo en dos veces, la primera, por valor de 30.000 euros, "se realizó mediante transferencia" y la segunda, de 38.440 euros, "se realizó en metálico, empleando para ello dinero donado por sus padres", pagos ambos "reconocidos y declarados".
La principal queja de Blanco en este recurso se refiere al requerimiento dirigido a la Agencia Tributaria para que facilite a la UDEF los datos de "los números de cuenta bancaria y entidad" de Blanco y su esposa durante los años 2006 y 2011, además de aportar los extractos bancarios de las cuentas.
La defensa considera nula esta diligencia "de investigación prospectiva" por dirigirse contra la esposa de Blanco, "que no está imputada", y el hecho de "someter a escrutinio policial los movimientos de todas sus cuentas" la coloca "en una situación de indefensión total".
La investigación a Blanco en el Supremo partió de las declaraciones prestadas en el juzgado de Lugo que investiga estos hechos del principal imputado en la operación Campeón, el empresario Jorge Dorribo.
Éste aseguró que instantes antes de verse con el exministro en una gasolinera de Guitiriz (Lugo), entregó a un primo político de Blanco, Manuel Bran, un sobre con 200.000 euros en billetes de 500 y que supone que éste dio luego el dinero al entonces titular de Fomento.
