Las medidas económicas de Rajoy: IVA, financiación de las empresas, contratación joven

Mariano Rajoy ha anunciado en el debate sobre el estado de la nación una batería de medidas económicas que incluyen bonificaciones a la contratación, una reforma del IVA (ya prometida en su investidura) o inversiones en I+D+i

Algunas de estas medidas se aprobarán este mismo viernes en el Consejo de Ministros.

IVA

A partir de enero de 2014 los autónomos y las pymes con un volumen de negocio de menos 2 millones de euros al año no tendrán que pagar el IVA hasta que hayan cobrado las facturas a las que corresponda el pago del impuesto. Es una de las principales reivindicaciones de autónomos y pymes, pero una vieja promesa de Rajoy. Ya la hizo en su discurso de investidura.

CONTRATACIÓN

El Gobierno sacará adelante una Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 que incluirá bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social de las empresas cuando den trabajo a menores de 30 años. Estará vigente mientras la tasa de paro sea superior al 15% (ahora es del 26%). Estos contratos se bonificarán en un 75% en el caso de empresas de más de 250 trabajadores y en un 100% para el resto. Además, Rajoy ha anunciado que se creará un nuevo contrato de 'primer empleo joven' de carácter temporal que contará con incentivos cuando se convierta en un contrato indefinido.

FINANCIACIÓN EMPRESAS

Según el presidente, se movilizarán 45.000 millones de euros para aliviar la falta de crédito de las empresas. A través del Instituto de Crédito Oficial se movilizarán 22.000, a través de las entidades bancarias, otros 10.000 en créditos a las pymes y a través de avales para la exportación, 1.700 millones.

MOROSIDAD

El Gobierno apostará por reducir la morosidad de las administraciones públicas, con la ampliación del plan de proveedores para las facturas anteriores al 1 de enero de 2012 de actividades y administraciones que se quedaron fuera del primer plan. La nueva ampliación contará con una dotación de 2.700 millones. Además, se transpondrá la normativa europea de morosidad en operaciones comerciales, mejorando la ya existente al aumentar los intereses de demora y establecer un plazo de pago de 30 días, ampliable como mucho a 60 días, para todas las operaciones privadas.