El juez impone a Urdangarin y Torres una fianza de 8,1 millones de euros

El juez ha impuesto al yerno del rey, Iñaki Urdangarin, y a su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, una fianza de casi 8,2 millones de euros — concretamente 8.189.448 euros— por las posibles responsabilidades pecuniarias que puedan declararse en su contra en esta pieza que investiga el desvío de fondos públicos al Instituto Nóos.

Se trata de la misma cantidad que reclamaba la Fiscalía Anticorrupción y el sindicato ultra Manos Limpias y servirá para que ambos puedan devolver el dinero presuntamente defraudado si son condenados. Urdangarin y Torres pueden repartir el pago de la fianza o, de pleno acuerdo, que uno de los dos abone el importe total.

El magistrado concede a ambos un plazo de cinco días para el pago de la fianza a partir del día siguiente a la notificación. En caso de que Urdangarin y Torres no paguen la cantidad impuesto, el juez procedería al embargo de sus bienes hasta cubrir los 8,1 millones.

ANTECEDENTES PENALES

En el mismo auto judicial, el magistrado pide a Urdangarin y Torres que le comuniquen si tienen antecedentes penales, por si hubiera que aplicarles la agravante de reincidencia. Además recuerda a la Comunidad valenciana que tiene la posibilidad de adherirse a la reclamación de fianza.

El pasado 21 de noviembre, la Fiscalía Anticorrupción presentó ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma su escrito de responsabilidad civil en el que solicita una fianza de 8.189.448 euros para Urdangarin, Torres y las empresas administradas por ambos imputados y a través de las cuales presuntamente desviaron los fondos públicos y privados que obtuvieron a través del Instituto Nóos.

El fiscal Pedro Horrach solicitó de este modo que se abriera una pieza separada de responsabilidad civil.

En concreto, las mercantiles a las que la Fiscalía extiende su petición son Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L. -de la que la Infanta es copropietaria al 50 por ciento-, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, empresas que centran el foco de atención de la causa junto al propio Instituto Nóos, que entre 2004 y 2007 recibió del Govern balear y la Comunidad Valenciana un total de 5,8 millones mientras que de entidades privadas percibió hasta 4,4 millones de euros.

Por su parte, el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, también presentó ese mismo día su escrito, de 30 páginas, en el que pidió la misma cantidad y detalla la forma en que "se disfrazó a Nóos con la careta del ánimo de lucro", a pesar de que "se creó específicamente" para acceder a distintos convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas de Baleares y Valencia y de esta forma defraudar el dinero público obtenido.

Las acusaciones desglosan su petición de fianza en los 1,2 millones de euros que costó el convenio para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 1.044.000 millones de cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y los 382.000 euros que percibió Nóos de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, entonces dirigida por el dirigente del PP Esteban González Pons, por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar.

Asimismo, se incluyen los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears - Banesto; los 174.000 que pagó el Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears, y 2,1 millones de multa que por Ley deben exigirse (un tercio de la cantidad global solicitada).

ALEGACIONES

Por su parte, el pasado 15 de enero, el abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, explicó que había presentado un escrito de alegaciones contra la fianza de 8,1 millones, en el que explicaba que el Duque de Palma únicamente tenía un papel "representativo" en el Instituto Nóos, y que los contratos firmados eran correctos.

"Nos oponemos a cualquier fianza porque mi cliente es inocente", insistió Pascual Vives, quien afirmó que en caso de que Urdangarin tuviera que hacer frente al pago de 8,1 millones de euros, no dispondría de esta cantidad en "efectivo".

Mientras, Torres, a través de su abogado, Manuel González Peeters, también presentó el pasado 15 de enero sus alegaciones contra la fianza en las que señalaba que, al no ser funcionario público, no puede ser tenido como sujeto activo de un delito de prevaricación, sino en todo caso partícipe, lo que le excluye del pago de una responsabilidad civil.

En su escrito, el exsocio del Duque de Palma afirmaba que "no es verdad" que el Instituto Nóos cometiera "acto ilícito de suerte alguna" y que, bien al contrario, su actuación "se llevó a cabo (...) con más que notable éxito, con una extraordinaria repercusión en todos los sentidos, económico, social, etc".