Caso Nóos: El juez atribuye a Urdangarin y Torres "una actividad delictiva premeditada"

Abuso de su parentesco con la Casa Real, actividad delictiva premeditada, indicios de criminalidad, mentiras en su declaración... Las más de 500 páginas del auto del juez instructor del caso Nóos, José Castro, sitúan al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y a su exsocio Diego Torres como tejedores de una trama dedicada a "desviar fondos públicos en su beneficio".

Según el escrito del magistrado, en el que ha fijado una fianza civil de 8,1 millones de euros para ambos, Urdangarin y Torres acordaron rentabilizar ante las administraciones públicas la "influencia" del duque de Palma y su "parentesco" con la Casa Real. "Unas veces de manera implícita y otras de manera franca", los dos principales imputados del caso Nóos, usaron esa "esfera de pretendido poder" mediante documentos en los que se hacían "claras referencias" a la infanta Cristina y a Carlos García Revenga, secretario de las infantas, "al que se le califica como asesor de la Casa Real". El juez asegura que Urdangarin y Torres "hacían ver a los potenciales clientes" que había "innumerables ventajas de prestigio y económicas" en "contar con la colaboración de un miembro de la Casa Real en algunos casos con el expreso añadido de la esposa de éste y del propio secretario de la institución".

"ACTIVIDAD DELICTIVA PREMEDITADA"

Además, el magistrado Castro atribuye a los dos "una actividad delictiva premeditada", por lo que considera que existen "más que suficientes indicios racionales de criminalidad". Concretamente, el juez les acusa de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración y tráfico de influencias.

Sobre el resto de imputados, el juez señala que no es el momento procesal para determinar las distintas modalidades de participación de las demás personas investigadas en esta causa.

DE ALTRUISTA, NADA

El Instituto Nóos distaba "abismalmente de poder ser considerada como una entidad carente de lucro", asegura Castro en su auto, donde recoge el testimonio de muchos testigos que han asegurado que "era una empresa como tantas otras".

El juez no observa en Urdangarin ni en Torres "ese desprendimiento económico del que dicen haber hecho gala y del que se prevalecieron para obtener contrataciones públicas que, de otro modo, no hubiera podido conseguir".

Además, les acusa de "rodearse de esa aureola de falta de ánimo de lucro" para que "no sólo nadie sospechara, sino que encima les albergara ese paraguas de bondad y de ayuda al prójimo".

URDANGARIN MINTIÓ

Iñaki Urdangarin no dijo toda la verdad ante el juez cuando aseguró que había dejado de ser presidente "de hecho" del Instituto Nóos en marzo de 2006. "Lo siguió siendo con posterioridad", afirma Castro, quien asegura que el yerno del rey "siempre estuvo participante activamente" en la administración de Nóos.

Aunque el juez asegura que Urdangarin fue presidió Nóos de derecho desde el 23 de septiembre de 2003 al 20 de marzo de 2006, contravino la recomendación que se le hizo desde la Casa Real de desligarse del Instituto.

RAPAPOLVO A MATAS Y A CAMPS

El juez se muestra muy crítico con la gestión de los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Baleares. "Mediante la vestimenta del convenio de colaboración, las Administraciones permitían asegurar la concesión al señor Urdangarin de todo lo que éste pedía... prescindiendo de los criterios requeridos por la Ley, como son los de objetividad, legalidad y servicio a los intereses generales exigibles en la actuación administrativa", explica Castro.

Según el magistrado, los convenios de colaboración suscritos entre Nóos y las Administraciones públicas "no fueron otra cosa que la forma arbitraria de vestir el santo" con el fin de lograr un "total abuso de poder" para beneficiar "al más ilustre de sus miembros: el señor Urdangarin".

Estas contrataciones, por tanto, obedecían "al mero interés de conceder al señor Urdangarin todo aquello que éste solicitaba, consecuencia de su influencia por pertenecer a la Casa Real". "Se decidía personalmente el conceder el beneplácito a las peticiones que el señor Urdangarin, por ser quien es, proponía a las diferentes Administraciones, convirtiéndose así en una mera cobertura de una decisión ya adoptada de antemano por los responsables políticos".

Acusa a estas administraciones de otorgar convenios de forma "total y absolutamente injusta, al margen de cualquier expediente administrativo", por lo que éstos "son nulos de pleno derecho".

Por ello, Castro cree que los responsables de Baleares y Valencia son "merecedores de más intenso reproche ético y jurídico en tanto estarían quebrantando el especial deber que sobre los mismos pesa en orden a la correcta gestión de los fondos públicos que les han sido confiados".