Cataluña desafía al Gobierno con un nuevo impuesto a los depósitos
Hasta 500 millones de euros al año. Es lo que espera recaudar la Generalitat de Cataluña con la creación de un nuevo impuesto sobre los depósitos en los bancos anunciado por el portavoz en funciones del Govern, Francesc Homs.
De esta forma, la Generalitat ha salido al paso de la decisión del Gobierno, anunciada la semana pasada, de crear un impuesto estatal del 0 % sobre los depósitos en los bancos.
El Gobierno pretendía con ello evitar que cada autonomía pueda tener una tasa propia, como ya ocurre en Extremadura, Canarias y Andalucía.
El Govern, Francesc Homs, ha justificado este nuevo tributo para "blindar este espacio fiscal" ante una "maniobra fea" como la del Gobierno, al que la Generalitat acusa de cerrarle el paso a cualquier vía para obtener ingresos.
Homs ha asegurado que como la medida del Gobierno español se anunció pero aún no está aprobada, el Govern tiene un mes de margen para convalidar el decreto sobre los depósitos bancarios en el Parlamento catalán y mantener así su margen competencial sobre este asunto.
El portavoz del Govern ha asegurado que este tributo tendrá caracter retroactivo y se aplicará a las entidades de crédito que operen en Cataluña, aunque no ha sabido precisar la letra pequeña del impuesto.
Preguntado por si prevé fuga de depósitos a otras comunidades, ha remarcado que las personas no son el sujeto de este impuesto, sino las entidades financieras.
CONDICIÓN DE ERC
El gobierno catalán ha adoptado esta medida en un momento en el que además CiU negocia con ERC un acuerdo de gobernabilidad en Cataluña que ya incluía la medida aprobada hoy, una cuestión que guarda "relación", según ha admitido Homs.
El gobierno catalán ha decidido crear este impuesto después de las conversaciones entre CiU y ERC para sellar un acuerdo de legislatura, dado que los republicanos exigen nuevos impuestos y tasas para reducir al máximo el nivel de recortes en 2013, cuando la Generalitat deberá cerrar el ejercicio con un déficit del 0,7 % del PIB.
Se tratará de un tributo propio que grava los depósitos efectuados por los clientes a las entidades de crédito, "por cualquier negocio y variedad jurídica, siempre que comporten la obligación de restitución", asegura la nota que informa de este acuerdo.
Esta nota añade que "el impuesto tiene en cuenta la capacidad económica de los sujetos pasivos, a pesar de que se han previsto unas bonificaciones para los casos de oficinas en núcleos de poca población y otras específicas para la aplicación de la obra social o el destino social de las operaciones de la entidad".
