La oposición se une en bloque para recurrir la no actualización de las pensiones ante el Tribunal Constitucional
El PP ha logrado que el resto de grupos parlamentarios se pongan de acuerdo en algo: recurrir ante el Tribunal Constitucional la no actualización de las pensiones de 2012 respecto al IPC.
De esta forma, todos los grupos con representación parlamentaria -salvo el PP- acudirán a los tribunales para reponer lo que consideran un derecho consolidado de los pensionistas.
Este acuerdo común ha sido calificado de "histórico" por el propio Alfredo Pérez Rubalcaba que ha afirmado que todos los partidos firmarán el recurso del PSOE aunque a última hora han surgido dudas sobre si CiU también lo suscribirá.
La oposición al decreto se ha materializado en el Congreso donde los partidos han criticado duramente y rechazado la decisión del Gobierno de no actualizar las pensiones según el aumento de la inflación y ha acusado al Ejecutivo de quitar un derecho a los ciudadanos.
La mayoría de los partidos políticos, incluido Foro Asturias, que habitualmente apoya al Ejecutivo en sus decisiones, se han opuesto a esta medida por considerar que la no revalorización de las pensiones afecta a un derecho consolidado de los jubilados y que además tiene efectos retroactivos.
El diputado de CiU, Carles Campuzano ha criticado que el Gobierno no haya tenido voluntad de acordar una medida sobre pensiones en el Pacto de Toledo y ha instado al Gobierno a que rectifique.
Ha lamentado que los pensionistas sean uno de los sectores más perjudicados por el alza de la inflación y ha dicho que el Ejecutivo empobrece a muchas familias que viven de las pensiones de sus mayores.
"La gravedad de la crisis no justifica que el Gobierno deba imponer soluciones", ha recalcado, tras añadir que la sociedad se está fracturando.
El portavoz del grupo Izquierda Plural, Joan Coscubiela, ha asegurado que el Real Decreto estafa a los pensionistas un derecho reconocido y ha asegurado que el Gobierno ha conculcado el artículo 48 de la Ley de Seguridad Social, ya que incumple los principios de consolidación de un derecho.
"Plantean que se aplique un cambio de la ley de manera retroactiva, cuando se trata de un derecho que adquieren los pensionistas a principios de año y que se convierte en un derecho consolidado", ha puntualizado.
Coscubiela ha sido duro al aseverar que "ni ustedes ni Dios se lo pueden quitar".
El portavoz parlamentario del PNV, Emilio Olabarría, ha argumentado que su grupo se adhiere al recurso de inconstitucionalidad del Real Decreto porque niegan un derecho de ley y han "expoliado" a los jubilados al privarles de poder adquisitivo y un derecho de propiedad privada.
"Es algo apocalíptico lo que está haciendo el Gobierno con los jubilados y pensionistas", ha recalcado, tras criticar que el Gobierno ha mentido porque en 12 ocasiones han asegurado que iban a cumplir la ley.
Ha señalado que los pensionistas españoles son los que cobran la prestación más baja en la zona euro, "lo que es injusto", y ha indicado que empobrecen a un colectivo solo por su condición de serlo.
Desde UPyD, su dirigente Rosa Díez ha dicho que el rechazo a este Real Decreto se debe a que son medidas "injustas e ilegales".
Ha puntualizado que el de hoy es un debate sobre "las mentiras, no sobre las medidas" y ha ironizado que para resolver los grandes problemas del déficit público el Gobierno no tiene en cuenta el dinero que se otorga a la reestructuración bancaria.
Ha pedido al Ejecutivo que deje de dar "carnés de moralidad" y ha pedido que "no haga más pequeño el futuro de los españoles".
Desde el Grupo Mixto, Enrique Álvarez, el diputado del Foro Asturias ha asegurado que no apoyará el Real Decreto por ser "sorpresivo e innecesario", mientras que Joan Baldoví de Equio-Compromís ha calificado de "desfachatez y estafa" la no actualización de las pensiones y ha criticado que el Gobierno se quede "de nuevo en su soledad" ante la unanimidad de los grupos de presentar una recurso de inconstitucionalidad.
Desde el BNG la diputada Olaia Fernández ha aseverado que el Ejecutivo se "carga el derecho de los pensionistas a mantener su poder adquisitivo, se carga las cautelas del fondo de reserva de la Seguridad Social y el derecho farmacéutico que tienen los enfermos crónicos".
También el diputado de CC Pedro Quevedo ha apoyado el recurso de inconstitucional por tener carácter retroactivo, al tiempo que Joan Tardá de ERC ha criticado que el Ejecutivo se "salte la ley de la Seguridad Social" para hacer pagar la crisis a los más débiles, y ha lamentado que el Gobierno ataque derechos individuales consolidados.
Desde Amaiur Sabino Cuadra ha lamentado que el Gobierno "juegue" con los ciudadanos y destine un dinero a la banca que podría haber pagado pensiones durante quince años. También ha acusado al Ejecutivo de manipular los datos del IPC de noviembre a través de conciertos con las petroleras.
El diputado de UPN Carlos Salvador ha sido menos crítico y ha dicho que afirmar que el descenso de los ingresos de la tesorería de la Seguridad Social se puede "sortear" sin hacer sacrificios "es un engaño", que sólo se puede hacer desde la demagogia.
Por su parte, la portavoz 'popular' de Seguridad Social en el Congreso, Carolina España, ha acusado a los socialistas de no tener "autoridad moral" para recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) el decreto sobre pensiones porque José Luis Rodríguez Zapatero congeló las pensiones para 2011.
