El fiscal anticorrupción acusa a Urdangarin y Torres de "actividad delictiva premeditada"
El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha hecho entrega al juez del caso Nóos el escrito en el que solicita una fianza de casi 8,2 millones de euros para el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres.
En el informe, según informa el diario El País, Horrach explica cómo ambos usaron el Instituto Nóos para hacer negocios bajo la apariencia de una "entidad sin ánimo de lucro". A través del Instituto, Urdangarin y Torres consiguieron contratos con la aquiescencia de gobernantes del PP en Baleares y la Comunidad Valenciana. El dinero de dichos contratos se desvió a empresas privadas que gestionaban los dos.
Según El País, estos eran los objetivos de la trama:
Además, según recoge este diario y también la Cadena SER, el fiscal asegura que "los convenios de colaboracion que se hicieron con las administraciones de baleares y la comunidad valenciana son fruto de de una actividad delictiva premeditada".
En el escrito, el fiscal ha planteado al juez, en caso de que no acepte la fianza principal, rebajar de forma subsidiaria la cantidad a entre 5 y 6 millones de euros. Será José Castro, instructor de la causa, quien deba decidir.
Mario Pascual Vives, abogado de Iñaki Urdangarin, declaró a la Agencia EFE que la fianza le parece "exagerada".
NO COMPORTA PRISIÓN
La fianza civil, que se diferencia de la penal en que no comporta el ingreso en prisión en caso de impago, tiene en este caso como objetivo garantizar que los imputados abonarán el dinero público supuestamente malversado en caso de ser condenados en juicio.
EN CASO DE CONDENA
Esta medida cautelar se destina a cubrir las posibles responsabilidades civiles si Urdangarin es condenado de algún delito de corrupción, que en este caso se traduce en el dinero supuestamente malversado que tendría que devolver a los gobiernos balear y valenciano.
Aunque la fianza asciende a 8,2 millones, el fiscal Pedro Horrach ha calculado que el duque de Palma, junto a su exsocio, se apropió en realidad de alrededor de 6 millones de euros públicos. Esto se explica porque a ese dinero hay que añadir un tercio de la cantidad total, margen obligado establecido por el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
