El Gobierno quiere que partidos políticos y sindicatos no estén exentos de responsabilidad penal
Partidos políticos y sindicatos dejarán de estar exentos de responsabilidad penal. Así lo quiere el Gobierno que les quitará la condición actual de personas jurídicas y abrirá la puerta a sacar de las listas electorales a los encausados, aunque no a los imputados.
Lo ha anunciado en el Pleno del Congreso el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quien busca incluir estos cambios en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en el nuevo Código Penal. Un anuncio que ha llegado a pregunta de la líder de UPyD, Rosa Díez, a quien "ha alegrado la tarde".
Según el adelanto hecho por Gallardón, la reforma haría que a los encausados se les abriera juicio oral, no así a los imputados, que quedarían al margen. A juicio del ministro, sólo el Estado y las instituciones de carácter público pueden tener ese "privilegio" de exención de responsabilidad penal, mientras que los partidos y sindicatos "son entidades de derecho privado y no tiene sentido eximirles".
En cuanto a la exclusión de los imputados, el ministro ha preferido elevar el listón. Según ha explicado, la figura del imputado se implantó como una garantía para la persona citada a declarar y ahora se ha convertido en una "precondena", en lo que se conoce como "la pena del Telediario". "Da igual cómo acabe el proceso, al imputado ya se le ve como un condenado y eso no es lo que quiso la Constitución. No debemos aceptar la terminología popular que identifica imputado con culpable, es mejor apreciar un indicio racional de criminalidad", añadió.
Gallardón ha explicado que, en el actual procedimiento abreviado, la mera interposición de una querella ya conduce a citar como imputado al denunciado y ha remarcado que pudiera darse el caso de que alguien, "de forma torticera", interpusiese una querella en vísperas del plazo de presentación de listas para dejar fuera de la carrera electoral a una persona, lo que implicaría dejar la confección de las listas en manos de particulares. Por ello, el Gobierno prefiere buscar una fase judicial "ulterior" a la hora de establecer la inelegibilidad, y en este sentido ha propuesto esperar a la apertura del juicio, oral, que ya implica la existencia de un "indicio racional de criminalidad".
