Estrasburgo condena a España por no investigar torturas a Martxelo Otamendi, director de 'Egunkaria'
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado a España por no investigar los supuestos malos tratos denunciados en 2003 por el entonces director del periódico Euskaldunon Egunkaria, Martxelo Otamendi, durante su detención incomunicada por presunta pertenencia y colaboración con ETA.
La sentencia afirma que España violó el artículo 3 (Prohibición de tratos inhumanos o degradantes) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El Estado tendrá que indemnizar a Otamendi con 20.000 euros por daños morales y 4.000 por gastos judiciales.
Asegura la sentencia que el Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional "permaneció pasivo" ante las denuncias del demandante y estima que las investigaciones de la juez de instrucción número cinco de Madrid "no fueron lo suficientemente profundas y efectivas".
Otamendi fue detenido el 20 de febrero de 2003 por agentes de la Guardia Civil y permaneció cinco días en régimen de detención incomunicada, hasta su puesta en libertad el 25 de febrero.
Fue en abril de 2010, cinco años más tarde, cuando la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absolvió a Otamendi y a otros cuatro directivos de Egunkaria de pertenecer a ETA al descartar que el rotativo "fuera instrumento para la comisión de delitos o soporte de actividad criminal alguna".
En marzo de 2005, el juzgado de Instrucción número 5 de Madrid archivó la denuncia de Otamendi, y los recursos presentados por el periodista tampoco sirvieron para reabrir la investigación.
Un médico forense lo visitó en cuatro ocasiones, entre el 20 y el 23 de febrero, e insistió en la negativa del detenido a ser examinado. A pesar de ello, no detectó rastros de violencia.
El demandante se quejó de disparos simulados, de "golpes de intimidación sobre sus genitales", de amenazas de tortura con el método asfixiante de "la bolsa", de insultos homófobos y de ser desnudado y obligado a adoptar una postura sexual.
Otamendi, defendido por los abogados Didier Rouget e Iñigo Iruin, presentó su demanda en Estrasburgo en 2008, una vez que el Tribunal Constitucional rechazara su demanda de amparo.
