Cataluña pide un rescate al Gobierno de 5.023 millones
El gobierno catalán ha solicitado al Gobierno español adherirse al Fondo de Liquidez Autonómico, al que pedirá prestados 5.023 millones de euros, pero ya ha advertido de que no aceptará "condiciones políticas" para disponer de unos recursos "que son de los propios catalanes".
El portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, ha precisado que el Govern usará estos recursos - el fondo está dotado con 18.000 millones de euros- para cumplir con el déficit público al que está obligado (el 1,5 % del PIB a finales de 2012) y para refinanciar "vencimientos pendientes" de aquí a final de año.
El gobierno catalán ha concretado esta solicitud de adhesión al Fondo de Liquidez en su primera reunión después de las vacaciones de verano.
A finales de julio, el gobierno catalán admitía que Cataluña pediría ayuda al Estado. En aquel momento Homs negaba que se tratara de "un rescate", aunque reconocía que se estaba valorando la posibilidad de adherirse al fondo de liquidez.
Con este anuncio, Cataluña se suma a la Comunidad Valenciana y a Murcia en la petición de rescate. Castilla la Mancha o Andalucía podrían ser los siguientes.
¿QUÉ ES EL FONDO DE LIQUIDEZ?
El Ministerio de Hacienda tiene previsto que los 18.000 millones de euros con los que estará dotado el fondo de rescate de las comunidades autónomas, denominado Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), estén listos en el mes de septiembre.
Una Comisión Delegada para Asuntos Económicos decidirá las condiciones que llevarán aparejadas las ayudas a las comunidades autónomas que voluntariamente recurran al fondo. Todavía no se sabe cuáles son, aunque diferentes responsables del ministerio de Hacienda ya han avanzado que serán muy estrictas.
El fondo de rescate de las comunidades autónomas será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que ofrecerá préstamos partiendo del coste de financiación del Tesoro más un diferencial reducido.
Las ayudas estarán garantizadas por los recursos del sistema de financiación de las comunidades autónomas, para garantizar que mantienen la responsabilidad de devolución.
Este mecanismo se mantendrá en vigor mientras persistan las dificultades de financiación para los gobiernos autonómicos.
