Los médicos se rebelan contra el Gobierno en defensa de la atención a los 'sin papeles'

A falta de menos de un mes para que entre en vigor la reforma sanitaria que limitará el acceso de los sin papeles a la sanidad pública, Gobiernos autonómicos, asociaciones de médicos, enfermeros y ONG están en pie de guerra para defender la universalidad de la sanidad española. Los médicos creen que vulnera los derechos humanos, colapsará los servicios de urgencias y no está claro que vaya a suponer un ahorro.

Ante la presión recibida por parte de estas entidades, el Gobierno de Rajoy prevé, según publica este martes El País, que los inmigrantes sin papeles abonen 710,40 euros al año -59,20 mensuales- para ser atendidos en hospitales y centros de salud pública. En el caso de los mayores de 65, el coste ascendería a a 1.864,80 euros anuales (155,40 al mes).

"No nos parece una solución válida", comenta por teléfono Salvador Tranche, secretario de SEMFYC (Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria). A pesar de considerarlo un paso adelante, Tranche opina que el Gobierno debe recapacitar. "Los sin papeles son un colectivo en situación de exclusión social y económica, no podrán permitirse pagar casi 60 euros al mes" añade.

Juan Quintana, médico valenciano, es uno de los 800 facultativos que han firmado la objeción de conciencia promovida por la SEMFYC para seguir ateniendo a los sin papeles."Ni me lo planteo [no tratarlos]", dice rotundamente por teléfono, "seguiremos atendiéndolos incluso fuera de nuestro horario".

El médico explica a El Huffington Post que la iniciativa ya ha recogido centenares de firmas en 20 días, pero son muchos más los compañeros que no acatarán la normativa. Asegura también que en su Comunidad ha habido instrucciones verbales por parte de la Conselleria de Sanitat para que se siga atendiendo a los pacientes no regularizados.

Más allá de la cuestión moral y de derechos humanos, los médicos consultados coinciden en un aspecto: no está demostrado que el cambio de modelo vaya a suponer el ahorro de 500 millones anuales que pretende el Ejecutivo.

EL AHORRO DE 500 MILLONES, EN CUESTIÓN

"Los pacientes a los que llevamos años atendiendo, de golpe, el 1 de septiembre deberán ir a urgencias", comenta Quintana, "les atenderá un nuevo médico que no les conoce, necesitará más tiempo, solicitará más pruebas... Y urgencias se colapsará".

"Los inmigrantes, además, son un colectivo que genera pocas visitas" aclara Marciano Sánchez, portavoz de la FADSP (Federación Española de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública). "Van poco al médico, y la mayoría son gente joven que ha venido a trabajar", añade.

Tanto los médicos como las asociaciones médicas reconocen, sin embargo, que no va a ser fácil atender a los sin papeles. "La atención sanitaria hoy en día está muy informatizada" cuenta Sánchez. Los administrativos no saben aún como se lo harán para conceder citas sin la tarjeta sanitaria. Los médicos no podrán hacer pruebas complementarias, derivar a un especialista o prescribir fármacos. "En algunos casos estas limitaciones se pueden sortear haciéndole trampas al ordenador" explica, "pero esto es limitado y dependerá de la voluntad de los profesionales. No es una solución".

ONG y asociaciones han emprendido todo tipo de movilizaciones para parar la nueva normativa: Denuncias al defensor del pueblo, recogidas de firmas, peticiones a las Comunidades Autónomas para que regulen en contra de la reforma e incluso denuncias ante Naciones Unidas.

Precisamente este organismo internacional manifestó su preocupación ante la nueva norma, ya que, a su entender, vulnera el principio de universalidad de las prestaciones sanitarias. Así lo determinó el pasado mayo un comité formado por 18 expertos independientes de distintos países, que además expresó su desacuerdo con la discriminación que implementará la reforma.

ANDALUCÍA, PAÍS VASCO Y ASTURIAS SE REBELAN

"No acepto que no se les pueda atender". Así de tajante se mostró la portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, en una entrevista para ETB el pasado mayo, ante la posibilidad de que los inmigrantes irregulares se quedasen sin atención en su comunidad.

Tanto el Ejecutivo vasco como la Junta de Andalucía decidieron legislar en materia sanitaria para evitar la aplicación de esta reforma, hecho que ha motivado la presentación de sendos recursos de inconstitucionalidad por parte del Gobierno central, que considera invadidas sus competencias.

La Generalitat de Cataluña manifestó en mayo a través de su secretaria de Salud, Roser Fernández, que "la atención primaria a todos los inmigrantes es ineludible" y que los hospitales catalanes seguirán atendiéndolos. Asturias también hizo lo propio el pasado junio y prepara su regulación de la materia, al igual que Navarra.

Las autonomías gobernadas por el PP no se han manifestado públicamente en este sentido, pero si sus asociaciones de médicos. Organizaciones de Murcia, Castilla y León, Galicia, Extremadura y Cantabria han alertado de que no dejarán de atender a nadie, ya que va en contra de su código deontológico.

Desde el Ministerio de Sanidad no han querido valorar la objeción de conciencia de los médicos, tampoco la posible regulación por parte de las autonomías del acceso al sistema de salud púbica.

¿QUIEN DEBERÁ PAGAR PARA SER ATENDIDO?