Ley de Transparencia: De uno a cuatro años de cárcel para los malos gestores públicos
Una "nueva filosofía de lo público" y un "cambio en la cultura administrativa" que no afecta al rey Juan Carlos. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha aprobado en Consejo de Ministros la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que permitirá encarcelar a los gestores públicos que cometan infracciones graves o muy graves por mala gestión de los recursos públicos, es decir, "ocultar datos" o "facturas en el cajón", como ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
El Gobierno ha contado con informes del Consejo General del Poder Judicial para modificar el Código Penal en este sentido y elevar las penas, que hasta ahora eran sólo de inhabilitación, hasta posibles castigos de prisión de uno a cuatro años para los gestores que concurran en ocultación de datos públicos y cuyas actuaciones "causen perjuicio a la administración". Además, se eleva la inhabilitación, que será de tres a diez años. Quienes sean sancionados tampoco podrán concurrir a las elecciones.
También se incluyen sanciones como la no percepción de pensiones indemnizatorias, la obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas o la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública.
Aparte de reforzar la responsabilidad de los gestores en el manejo del dinero público, la Ley de Transparencia pretende aumentar la transparencia de las administraciones y garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública.
Sin embargo, y pese a las solicitudes de algunos ciudadanos y colectivos, la Casa del Rey queda fuera del margen de aplicación de la Ley de Transparencia por no ser una administración pública. El Gobierno asegura que la normativa internacional prevé que las monarquías "no estén sujetas a este régimen".
CREACIÓN DEL PORTAL DE LA TRANSPARENCIA
Para canalizar las respuestas a las demandas de los ciudadanos y las obligaciones de publicidad, la Ley contempla la creación de un Portal de la Transparencia. Se trata de una web única para la Administración General del Estado en la que todos los ministerios y entidades incluirán su información para que los ciudadanos dispongan de ella y hagan sus peticiones a un único órgano que se encargará de redistribuirla.
Las reclamaciones se efectuarán ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los servicios, que se va a "dotar de más independencia", de forma que el nombramiento y las causas de cese de su presidente se equipararán a los de los organismos reguladores, según el Ejecutivo.
Otra de las novedades de esta ley se recoge en las disposiciones adicionales a través de un plan de calidad y simplificación normativa que tiene como objetivo disponer de "menos y mejores" leyes, poniendo un freno a la "inflación reglamentaria". Según explicó la portavoz del Ejecutivo, ese plan redundará en dar más facilidades en el tráfico económico y jurídico, reduciendo la litigiosidad.