La guerra también tiene leyes: cuáles son, cómo se aplican y cómo afectan a Israel y Hamás
No hay "y tú más", no hay "empezaste primero", no hay "está justificado": el derecho internacional deja claro que a los civiles no se los toca, sea como sea de legal o legítima una contienda. En esta crisis, todo el mundo ha olvidado ese principio.
Tú empezaste primero, tú has sido más bárbaro, yo sí tengo motivos y razones. Las guerras, tan destructivas, a veces parecen una pelea infantil. Sus consecuencias no tienen esa escala. Ojalá. Estos días se ven en Gaza e Israel, en ese bucle infinito de violencia que, esta vez, nace del ataque de Hamás del 7 de octubre y la réplica de Tel Aviv, que aún dura y durará. Cuando las dos partes se echan la culpa, por ejemplo, de la explosión en el hospital Al Ahli que ha dejado unos 500 muertos, toca recordar algo: que el derecho internacional está para cumplirlo, sean cuales sean los porqués de la guerra, la legitimidad de una agresión y lo que haga el enemigo. O sea, que no se toca a los civiles nunca, bajo ninguna circunstancia, por ningún objetivo. Nunca es nunca.
Hasta las guerras, que son el mayor caos posible, tienen sus reglas y sus límites. Es muy complicado verificar, documentar y probar lo que pasa, pero tiene sus consecuencias judiciales, cada vez más. Hay que hacer lo posible por lograrlo. En un contexto de acusaciones cruzadas y desinformación, de demonizaciones colectivas, hay que aferrarse a las normas para saber, de verdad, y pedir responsabilidades, de verdad.
Alba Jiménez, enfermera y abogada española que ha trabajado como cooperante en Palestina, Jordania y Senegal para entidades de Estados Unidos y Noruega, explica que hay que dejar claro, para empezar, que "da igual el origen de un conflicto, porque que sea justo o injusto no cambia la obligación de las partes de pelear según el derecho internacional humanitario". Las razones van por un lado y las acciones, por otro. "Hay quien se agarra a eso como un argumento legal, un respaldo, pero violar leyes cuando se ha sido agredido y atacado no es sino caer en el mismo error", añade.
La "raíz" de este derecho, por encima de todo, es la protección de los civiles de cualquiera de las partes. "Tienen derecho a la plena protección. No pueden ser atacados de manera directa ni usados como arma ni como contrapartida". Ni por un ejército formal ni por una milicia, ni por un actor estatal ni por una organización. Tampoco puede causar daño "desproporcionado" a los civiles aunque se busque un objetivo supuestamente legítimo.
"Obviar a los civiles, actuar por encima de ellos en busca de un objetivo militar o defensivo, deslegitima la acción", indica la experta. Y si un bando ha violado las leyes, ¿el otro queda liberado de cumplir las leyes? "En absoluto. Responder violando las normas a quien las ha violado antes sólo acrecienta la lista de crímenes", constata.
Hay dos conceptos en los que se sustenta el entramado legal de un conflicto, bautizados con expresiones latinas. El derecho internacional humanitario (DIH), o jus in bello, es el derecho que regula la forma en que se conducen las hostilidades. Su finalidad es estrictamente humanitaria, ya que procura limitar los sufrimientos causados por los conflictos armados. Y es independiente de los motivos o las justificaciones de la guerra, que están regulados por el jus ad bellum, según las definiciones aportadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja.
"Sobre ellos, se han levantado normas muy estrictas, porque no vale empezar una guerra por cualquier capricho, como en el pasado, ni arrasando cualquier cosa o a cualquier persona", indica Jiménez. Hay que separar los dos conceptos, dice, porque "el motivo de la disputa no puede disculpar la crueldad". "Si Israel tiene derecho a defenderse por la matanza de Hamás en el sur o si Hamás tiene derecho a defenderse por la ocupación no sirven, así, sin más. Nada justifica el asesinato de civiles israelíes inocentes en un festival de música y nada justifica el de civiles palestinos desarmados aislados en la franja desde hace más de 15 años", constata.
Estamos hablando, como en la crisis que nos ocupa, de actuaciones de ejércitos o milicias de las que los civiles no forman parte. No valen aquí simpatías o encuestas a favor o en contra. "Eso es criminalizar. Son personas que están en mitad del conflicto y que no han hecho nada para ser violadas, heridas o asesinadas".
Un poco de historia
Fue en 1864 que el mundo llegó al primer consenso en cuanto a las leyes de la guerra. Los tiempos de las contiendas brutales debían quedar atrás -nadie pensaba entonces en las Guerras Mundiales por venir- y se establecieron unos parámetros básicos para pelear, si no quedaba otra, en buena lid. Entonces se firmó el Primer Convenio de Ginebra, que se centra en la protección de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas, así como en la seguridad de las unidades médicas y su transporte. Llegaron tres más, perfeccionando las normas y adaptándose a los tiempos.
La Segunda Guerra Mundial y su horror robustecieron las normas y, al fin, se puso a los civiles en el centro, firmando un acuerdo que los proteje en tiempos de guerra sin matices. Es el texto que basa toda la legislación actual. La mayoría de las normas de este último convenio, que consta de 159 artículos, se refieren al estatuto y al trato que debe darse a las personas protegidas, y distingue entre la situación de los extranjeros en el territorio de una de las partes en conflicto y la de los civiles en territorios ocupados.
Especifica las obligaciones de la potencia invasora respecto de la población civil y contiene disposiciones precisas acerca de la ayuda humanitaria que tiene derecho a recibir la población civil de los territorios ocupados. Además, contiene un régimen específico sobre el trato de los internados civiles.
Es en el Cuarto Convenio o Convención, como se lo conoce, donde que queda claro que a todos los que no participan en un conflicto, como la población civil, el personal sanitario o los trabajadores humanitarios, hay que blindarlos. Atacar a civiles en sus casas, oficinas o escuelas es un crimen de guerra. No dejarles recibir la ayuda necesaria es un crimen de guerra. Hacerles daño a sabiendas o no impedir el daño, en sus cuerpos, sus viviendas o sus medios de subsistencia, como fuentes de agua, cultivos o ganado, es un crimen de guerra. Impedir que sean atendidos en hospitales es un crimen de guerra. Atentar contra los sanitarios que los tratan, contra sus ambulancias y contra los ambulatorios y los hospitales es un crimen de guerra.
También lo es la tortura y el trato denigrante a prisioneros, que tienen que recibir alimento y agua y comunicarse con sus seres queridos. Obviamente, queda vetada la violencia sexual, también. Los rehenes, directamente, tienen que regresar a sus casas o será otro crimen. Y el empleo de armas y tácticas durante los conflictos ha de ajustarse, al fin, para evitar sufrimiento innecesario.
Los casos de Hamás e Israel
Por lo acumulado desde el 7 de octubre, y a falta de investigaciones internacionales y de expedientes por abrir, el trazo grueso evidencia que en Israel y en Gaza ya se han violado y se están violando las leyes de la guerra, a la vista de todos y sin remordimiento.
Hamas, por ejemplo, lanzó de forma indiscriminada miles de cohetes contra localidades y ciudades israelíes el 7 de octubre y logró romper el cerco de Gaza y enviar a a cientos de combatientes a territorio israelí, milicianos que atacaron y mataron a civiles -incluidos niños y ancianos- en varios kibutzim. Israel ha informado, a fecha 18 de octubre, que al menos 1.400 personas murieron y otras 199 fueron secuestradas y llevadas a Gaza esta incursión.
Haim Abraham, profesor de derecho en el University College de Londres, afirma a la agencia AP que las pruebas de crímenes de guerra son contundentes. "Masacraron a civiles en sus casas. Secuestraron a civiles, los tomaron como rehenes. Todas estas cosas claramente son crímenes de guerra", señaló.
Jeanne Sulzer, abogada de la Comisión de Justicia Internacional de Amnistía Internacional en Francia, afirma a su vez en un comunicado que las Convenciones de Ginebra -las que fijan las normas de la guerra- establecen que "los civiles nunca deben ser tomados como rehenes. Si lo son, puede calificarse de crimen de guerra".
La voz más respetada que ha señalado la posibilidad de estos crímenes es la del austríaco Volker Türk, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En una nota oficial, recordaba a Hamás que la muerte de personas inocentes, que en aquella mañana de sábado fue sistemática, y su secuestro son acciones "vetadas" por el derecho internacional humanitario. Por eso, ha reclamado el fin inmediato de estas agresiones, empezando por el retorno de los israelíes que siguen vivos, retenidos en Gaza.
De Türk hay también para Israel. Ha denunciado la política de cerco total de la franja, en la que no entran ni alimentos ni agua ni luz ni combustible como castigo por parte de Tel Aviv, y el hecho de que se haya obligado al desplazamiento forzoso de un millón de gazaríes al sur del territorio, en previsión de ataques (por ahora sólo aéreos) en el norte. "La imposición de asedios que ponen en peligro la vida de civiles al privarlos de lo necesario para su supervivencia está prohibida según el derecho internacional humanitario", indica. Las declaraciones explícitas de Yoav Gallant, el ministro de Defensa israelí, hablando de tratar a los palestinos como a "animales" es representativa de la deshumanización del adversario.
El ejército israelí lleva atacando Gaza desde el día del ataque de Hamás, además del cerco de bienes esenciales y las evacuaciones de personas que, encerradas en su cárcel al aire libre, no tienen adónde ir. Los críticos acusan a Israel de castigar colectivamente a los 2,3 millones de habitantes de Gaza.
El Comité Internacional de la Cruz Roja, desde su oficina en Ginebra, ha declarado que la orden de que cientos de miles de personas abandonen sus hogares, "unida al asedio total que les niega explícitamente alimentos, agua y electricidad, no son compatibles con el derecho internacional humanitario".
El ejército israelí afirma que se atiene al derecho internacional y que sólo ataca objetivos militares legítimos en su intento de erradicar a los militantes que se incrustan entre la población civil. Asume que la densidad de población hace muy complicado no golpear objetivos civiles, pero insiste en que va a por silos de armas, centros de entrenamiento o laboratorios de las milicias.
Además, se escuda en que suele avisar a los gazatíes antes de disparar. En otro tiempo, se lanzaban octavillas desde el aire y ahora se hacen llamadas telefónicas o se mandan mensajes y también se dan advertencias en las terrazas -los llamados golpes de azotea-. No obstante, informa The New York Times, el martes 10, el teniente coronel Richard Hecht, portavoz militar israelí, dijo que su Fuerza Aérea "estaba demasiado sobrecargada como para lanzar los ataques de advertencia con el fin de advertir a los civiles palestinos para que abandonen una zona determinada antes de que sea impactada por misiles más grandes. Los gazatíes afirman que se han emitido pocos avisos".
La organización Human Rights Watch ha añadido a todo lo anterior la acusación de que Israel habría usado municiones que contienen fósforo blanco. Esta sustancia incendiaria no está prohibida, pero su uso en zonas densamente pobladas ha sido ampliamente condenado. Las Fuerzas de Defensa israelíes han negado haberlo empleado en esta ofensiva.
La abogada Jiménez ve "factible" el procesamiento de las dos partes por los delitos ya citados, aunque insiste en que el trabajo de recolección de pruebas es lento y debe llevarse a cabo "sin presiones de ningún tipo" y desde la "transparencia". "Algunos parecen muy claros y otros lo son menos y, también, habrá que tener en cuenta lo que está ocurriendo en paralelo en los otros frentes abiertos, como Cisjordania y el sur del Líbano, donde está creciendo la tensión".
Rendición de cuentas
Aún estamos con el conflicto en carne viva, las operaciones de agresión mutua siguen en los dos lados de la frontera y, sobre todo, se aguarda la posible ofensiva terrestre o la actuación que Israel esté planeando para arrasar a Hamás, como ha prometido el primer ministro, Benjamín Netanyahu. En caliente es complicado actuar contra estos posibles crímenes, pero sí que es muy importante, esencial, que se permita el acceso a personal internacional independiente que pueda acceder a las pruebas para armar acusaciones futuras.
Por ahora, la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas afirma estar ya "recopilando y conservando pruebas de crímenes de guerra cometidos por todas las partes" en el conflicto actual. Esas pruebas podrían añadirse a una investigación en curso de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la situación en los territorios palestinos. La CPI, con sede en La Haya (Países Bajos), está facultada para procesar a funcionarios de un país por violaciones de derechos humanos y ordenar indemnizaciones para las víctimas. No obstante, algunos países -entre ellos EEUU, Rusia y el propio Israel- no reconocen la jurisdicción del tribunal, y la CPI no dispone de una fuerza policial para ejecutar órdenes de arresto. La primera sentencia condenatoria de esta corte fue contra Thomas Lubanga, líder de un grupo armado de República Democrática del Congo, registrada en marzo de 2012.
En el pasado, se han logrado impulsar Tribunales Especiales, además, sobre la exYugoslavia, Ruanda o Sierra Leona, tras años de batalla para ello pero que han arrojado mucha luz sobr sus respectivos conflictos.
Es poco esperanzador, porque es el único tribunal internacional permanente creado para enjuiciar crímenes de guerra, pero existen otros tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia (entre estados) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pueden tratar de causas relacionadas con presuntas violaciones. Los Estados también pueden invocar el principio de jurisdicción universal para procesar por su cuenta a responsables de crímenes de guerra o de otros delitos de derecho internacional.
A su vez, tienen potestad los tribunales nacionales de Israel, aunque es una vía en la que nunca ha prosperado nada. Y hay otra excepción en la legislación estadounidense: las víctimas de este país podrían intentar presentar demandas de indemnización contra Hamás ante los tribunales locales, ya que se calcula que hay al menos 29 personas con doble pasaporte muertas y 15 desaparecidas.
Como en el caso de la invasión rusa de Ucrania, la perspectiva de enjuiciar crímenes de guerra en el conflicto actual parece remota, pero aún así Amnistía Internacional recuerda que "las iniciativas legales ya son una realidad", porque hay víctimas de nacionalidad francesa e israelí que ya han presentado denuncias ante los tribunales franceses contra Hamás.
Las infracciones del derecho internacional también pueden dar lugar a sanciones -como las impuestas a Rusia por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países por la invasión de Ucrania- y, en casos excepcionales, a una intervención militar autorizada por la ONU. El segundo caso es inviable en el caso israelí, con la protección perenne de Washington.
También es necesario afinar las posibles fórmulas de procesamiento, porque son tres los delitos que se investigan, sobre todo, y cada uno tiene un camino. En el caso de los crímenes de guerra, hablamos de "violaciones graves del derecho internacional humanitario, incluidos homicidios ilegítimos, ataques directos contra la población civil, torturas, empleo de armas prohibidas, asesinatos de -o empleo de malos tratos contra- prisioneros de guerra u otras personas capturadas, que se hayan entregado o que hayan resultado heridas y delitos de violencia sexual", según la definición de Amnistía.
Los crímenes de lesa humanidad son aquellos "cometidos en el marco de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil perpetrado por un Estado o una organización, o en su nombre, ya sea en tiempos de paz o de guerra". Son 11, entre ellos "asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de una población, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada y apartheid. Pueden cometerse crímenes de lesa humanidad tanto en conflictos armados como en tiempos de paz".
El genocidio, al fin, son "ciertos actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Puede cometerse genocidio tanto en conflictos armados como en tiempos de paz".
Palabras que sobrecogen y que llaman a la asunción de responsabilidades y no a la impunidad. Por ahora, lo que se espera es que los crímenes se multipliquen si nadie para esta locura.