El plan de Galicia para acabar con el polémico registro de las gallineros de autoconsumo

El Parlamento de Galicia insta a la Xunta, con los votos a favor del PPdeG y de Democracia Ourensana, y las abstenciones del BNG y PSdeG, a pedir al Gobierno central la modificación del decreto por el que se establece el registro de las granjas avícolas de autoconsumo.

La proposición no de ley, presentada por el grupo popular, ha elevado el tono del debate, especialmente entre los populares, que no comprenden que "en un país en el que se liberan etarras y violadores, haya que tener registradas las gallinas" y los nacionalistas que, junto con el PSdeG, han defendido el decreto y que censuran la actitud de los populares respecto al rural, donde recuerdan que faltan pediatras y acceso a internet.

Por su parte, el portavoz del grupo mixto, Armando Ojea (Democracia Ourensana), también se ha mostrado muy crítico con un decreto "orwelliano" que, apunta, demuestra un "intervencionismo exagerado".

La norma, aprobada por Gobierno en 2021, establece que los titulares de las explotaciones de autoconsumo “están obligados a efectuar una comunicación previa para que se incluyan en el Registro general de explotaciones ganaderas”. El motivo es  tener estas aves localizadas para proteger los corrales particulares en caso de focos de gripe aviar.

Se consideran gallineros de autoconsumo los que tienen menos de 30 gallinas ponedoras o 50 pollos de engorde. En ningún caso, sus propietarios podrán comercializar “los animales ni su carne ni los huevos ni otras producciones, siendo consideradas en caso de comercializarlos como explotaciones reducidas”. Además, la norma obliga a “identificar a un veterinario de referencia al que poder recurrir en caso de aparición de problemas sanitarios concretos”. Las multas pueden ir de los 600 a los 3000 euros.

Así las cosas, el diputado popular Silvestre José Balseiros ha sido el encargado de presentar la propuesta contra un decreto que, ha asegurado, provoca "nefastas consecuencias" en el rural gallego, vistos los trámites que deben llevar a cabo los dueños de las explotaciones -- en su mayoría gente de avanzada edad --, lo que conlleva "una mayor carga burocrática y también desconfianza".

Ha explicado que cuando se tuvo conocimiento del borrador, "se intentó hacer entrar en razón al Ministerio", insistiéndoles en el posible "escaso cumplimiento" de la medida así como su "ineficacia", aún en caso de cumplirse, ya que en Galicia hay "docenas de miles de corrales".

"Nos llamaron exagerados", ha señalado Balseiros, algo que ha aseverado que repitieron cuando desde la Xunta hablaron de la "volatilidad" de las granjas de autoconsumo gallegas.

"El ministerio hizo caso omiso", ha insistido el popular, alegando que, con todo, la Xunta se puso "manos a la obra" para dar "las máximas facilidades" a los dueños de las explotaciones, con lo que habilitó la posibilidad de realizar los trámites a través de la página web de Medio Rural, de la Oficina Virtual Agraria; también dieron instrucciones a las oficinas físicas para que cumplimentasen los documentos y, apuntan, hasta hubo ayuntamientos que colaboraron.

Garantizar la salubridad, clave para PSOE y BNG

La exalcaldesa de Lugo y ahora diputada en el Parlamento, Lara Méndez, ha estrenado su nuevo cargo en este debate, recordando en primera instancia que el decreto estatal se deriva de una normativa europea. "Algo que no se ha mencionado", ha apostillado.

La finalidad del mismo, ha continuado, es mejorar la seguridad en el ámbito sanitario, de bienestar animal y respecto a la lucha contra el cambio climático y como ejemplo, ha citado la pandemia y sus consecuencias.

Además, ha acusado a la Xunta de "generar malestar" entre la población cuando puede "desarrollar y adaptar" el decreto a la realidad gallega. "No negamos que es un problema para la gente mayor, pero el trámite puede realizarse telemáticamente o a través de las oficinas del rural, que ustedes han ido desmantelando, sacándoles competencias y sin personal", ha aseverado.

En esta línea, ha afeado que la Xunta ponga de manifiesto la dificultad del acceso a internet de los mayores y en el rural, cuando desde el Gobierno gallego sí lo implementan "para citas médicas, por ejemplo, cuestiones del día a día que también afectan a su salud". "Están inmersos en episodios de confrontación con el Gobierno central", ha afirmado, animándolos a "no agitar a la ciudadanía en contra de una norma para su seguridad".

También se ha estrenado la nacionalista Ariadna Fernández, que se ha reivindicado como veterinaria y del rural antes de afearle a la Xunta que "ande enredando", en lo que los considera "especialistas". "Enmarañan para que lo que aquí se conoce, se trabaja, no llegue de forma directa a su destino", ha afirmado.

A este respecto, ha recordado que el decreto se conoce desde hace tres años y "en ese tiempo a nadie se le ocurrió informar a la población".

Los nacionalistas han defendido la idoneidad de la medida para prevenir enfermedades de transmisión y poder establecer planes de vacunación, por ejemplo. "Le echan mucho pecho hablando de abandono del rural cuando tienen a niños sin pediatra y familias sin acceso a internet", ha concluido.

Un decreto de "gran hermano" para Ojea

Ojea también se ha referido a sus orígenes en el rural, concretamente a sus abuelos, y ha comentado que algunos familiares le pidieron que "proteste" en el Parlamento por la medida, a lo que el replicó que se trataba de un tema estatal.

"Se está intentando arreglar lo que no se rompió. Es un caso de hipertrofia burocrática totalmente innecesaria (...). En Madrid no conocen la realidad del rural gallego, y no solo en este caso", ha aseverado.

Para el diputado de DO, "las normas se hacen sobre todo cuando la conducta de las personas puede interferir en la de terceros", pero "si un matrimonio mayor tiene unas gallinas para consumir sus propios huevos", Ojea "no ve que haya un problema ni nada que normativizar".

Incluso ha ido más allá, tachando la medida de "orwelliana", ya que le recuerda al "Gran Hermano del Estado que lo quiere tener todo controlado". "Se trata de un intervencionismo exagerado del Estado, no le veo sentido ninguno", ha insistido.

El diputado popular ha sido el último en intervenir en el debate de la proposición. "No es fácil entender que en un país en el que se liberan etarras, violadores y a los que atentan contra la constitución, haya que tener registradas a las gallinas", ha concluido.