El novio de Ayuso declara este lunes por sus delitos por presunto fraude fiscal: las claves del caso

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, declara este lunes ante el juez por sus dos presuntos delitos por fraude fiscal. Pese a los intentos por evitar que el caso escalara o, incluso, saliera a la luz, lo cierto es que las mentiras han acabado por agrandar una bola que se hizo pública el pasado mes de marzo.

Todo parte del 12 de marzo, cuando eldiario.es publicó que la que es pareja de la presidenta madrileña desde 2021 y con con quien además reside en el centro de Madrid en dos pisos de lujo, defraudó a Hacienda 350.951 euros entre los años 2020 y 2021 gracias a una trama de facturas falsas y sociedades pantalla.

Así figura en la denuncia que presentaba la Fiscalía Provincial de Madrid en el juzgado el pasado 5 de marzo tras haber recibido un informe de la Agencia Tributaria con las conclusiones de una investigación iniciada dos años antes cuando notaron el fraude en las declaraciones presentadas en 2021 y 2022. Fue entonces cuando Hacienda había detectado movimientos sospechosos de las sociedades de la pareja de la presidenta de Madrid por su enriquecimiento durante la pandemia.

El informe de la Agencia Tributaria, al que tenía acceso este medio, indicaba que Alberto González Amador podría haber cometido dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades por 155.000 euros en 2020 y de otros 195.951,41 euros en 2021. También le imputaba falsedad documental por presentar facturas falsas a través de empresas externas para así rebajar los beneficios extraordinarios de sus sociedades.

El pasado 22 de enero, la Fiscalía recibió de la de la Agencia Tributaria un informe referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente del que se deduce "determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito".

El informe hablaba de dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar "un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer". Es decir, que había tratado de defraudar dinero para ahorrarse el pago del impuesto de sociedades y que, como superaba la cantidad establecida, debía ponerse en conocimiento de la Fiscalía para que, si apreciaba delito, se denunciara y lo investigara la Justicia.

En total, sus empresas presentaron 15 facturas falsas por gastos ficticios que suman 1,7 millones de euros. De esta forma, buscaba desgravar gastos que nunca se realizaron, reducir los beneficios declarados y pagar unos 350.000 euros menos en impuestos.

Las sociedades investigadas son ambas 100% propiedad de la pareja de Ayuso. Se trata de dos empresas que llevan meses sonando en los medios de comunicación pese al fango que se trata de instalar desde entonces desde la Comunidad de Madrid. Por un lado, Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medioambiente, que se dedica en realidad a prestar servicios sanitarios, y por otro, Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering, una firma sin empleados del sector de cosmética y farmacia, que fue adquirida finales de 2020 a la mujer de uno de sus socios en varias sociedades en Panamá. Según la Agencia Tributaria, esta última fue usada para desviar parte de los beneficios millonarios logrados durante la pandemia funcionando como una empresa pantalla que incluso tiene una de sus sedes en una farmacia que alquila la anterior propietaria de la sociedad.

La conclusión de Hacienda era que había 1.748.580,63 euros de gastos presentados que corresponden a encargos simulados y actividades que no se llevaron a cabo. Se trata de albaranes facturados a varias sociedades españolas, una mexicana y otra de Costa de Marfil que sirvieron a la pareja de Isabel Díaz Ayuso para defraudar al fisco.

Entre los acusados de estos delitos, además de tres hombres andaluces, figura además un presunto empresario de origen mexicano llamado Maximiliano Eduardo Niederer González, que es el nexo de dos de las compañías que emitieron facturas falsas a las empresas de Alberto González Amador. En un primer momento, declarando ante la Agencia Tributaria, aseguró no conocer a las empresas pero una semana más tarde se desdijo y aseguró que había sido un "error involuntario". Unos días antes de que el caso saliera a la luz, reconoció los dos delitos fiscales y abonó la multa, provocando uno de los bulos que ha lanzado Ayuso ante los medios de comunicación para defender a su pareja, que hace las veces de "ciudadano anónimo" cuando el Gobierno de Ayuso no quiere responder a la prensa ante informaciones comprometidas.

La investigación comenzó a raíz de las declaraciones presentadas en 2021 y 2022 que reflejaban un incremento exponencial de la facturación de las empresas de la pareja de la presidenta madrileña a partir de 2020, el primer año de la pandemia. Sus ventas se multiplicaron por más de seis, hasta 2,3 millones, según las cuentas anuales. Pese a ello, solo declaró 8.400 euros de beneficio, tras anotarse gastos que no se correspondían con la realidad.

Por ejemplo, en noviembre de ese año emitió una factura de 620.000 euros a la firma mexicana MKE Manufacturing, dedicada a la importación y exportación de alimentos. Una factura que trató de deducirse aunque pese a ser servicios médicos y que fue falsa. Una cuestión que ha llegado reconocer el propio Alberto González Amador a la Agencia Tributaria cuando ya tenía la inspección abierta y trató de regularizar su situación con el fisco en julio de 2023. Alegaba a Hacienda que esa factura se había anulado una vez que en agosto las autoridades mexicanas confirmaran al fisco español que no les constaba factura alguna.

2021 fue también año de intentar estafar a Hacienda. En ese año, Alberto González Amador facturó 1,3 millones de euros, pero trató de deducirse 900.000 euros para pagar supuestos encargos realizados por Gayani LTD en Costa de Marfil. La Agencia Tributaria señala que fueron trabajos simulados. De nuevo, cuando ya sabía que Hacienda conocía la situación y que los inspectores no le creían, intentó convencer a la Agencia Tributaria de que esa factura se había anulado a posteriori.

La pareja de Isabel Díaz Ayuso se valió también de una empresa pantalla que adquirió a finales de 2020 para, según Hacienda "remansar fondos en favor de Alberto González Amador”. El mecanismo que utilizó consistió en traspasar a esa empresa, Masterman and Whitaker, un contrato con uno de los clientes habituales por valor de 600.000 euros para realizar una consultoría de sistemas. No obstante, la empresa no tenía ni empleados ni infraestructura, lo que llegó a Hacienda a pensar que no se produjo. Además, las cifras no coinciden ya que el importe real fueron 237.320 euros.

La inspección de la Agencia Tributaria estima que Alberto González obtuvo una “ventaja fiscal inadmisible” para crear “de forma artificial, unas bases imponibles negativas a compensar en ejercicios futuros”.

Para que exista delito fiscal, además de que la cuota defraudada supere los 120.000 euros por ejercicio, es necesario acreditar una voluntad consciente de defraudar a Hacienda. Según la Agencia Tributaria, en el caso de Alberto González Amador es evidente, porque existe engaño u ocultación. También habría un posible delito de falsedad contable. No obstante, la Fiscalía ha decidido no denunciar por este delito que aparece siempre asociado al fraude fiscal.

Isabel Díaz Ayuso ya era pareja de Alberto González Amador en 2021. De hecho, el PP de Madrid trataba de defenderse de la publicación de la noticia explicando que fueron pareja después. 

Varias mentiras sobre el tema

Mientras tanto, comenzaba la 'operación salvar Ayuso'. Aparte de la mentira de que no eran pareja cuando se cometió uno de los presuntos fraudes fiscales, Ayuso salía a dar explicaciones ante los medios con una mentira: que era Hacienda quien le debía dinero a él y no al revés.

Tratando de vender una confabulación de "todos" los poderes del Estado, Ayuso daba la vuelta a la tortilla. "Es falso que deba dinero a Hacienda, es Hacienda quien le debe dinero a él, casi 600.000 euros”, revelaba en una comparecencia ante la prensa tras presidir la reunión del Consejo de Gobierno.

 “Busca desestabilizarme a través de mi destrucción personal, cuando el único destruido aquí es él”, indicaba sobre las informaciones -muchas falsas- que se habían publicado sobre Begoña Gómez. Semanas más tarde conocíamos que había sido Alberto González el que había decidido pagar a Hacienda al reconocer dos delitos por fraude fiscal y aceptar esa multa y ocho meses de cárcel. De hecho, había abonado esa cantidad que después fue devuelta puesto que el caso ya estaba en manos de la Fiscalía y debía ser la Justicia quien lo determinara.

Una filtración de la Fiscalía

Hubo otra mentira más: el equipo de Ayuso hablaba como representante de Alberto González y aseguraba que había sido la Fiscalía la que había ofrecido un pacto para resolver el presunto fraude fiscal. 

Una información que era falsa según filtraba la Fiscalía en un comunicado. En concreto, la Fiscalía de Madrid confirmaba que "el único pacto de conformidad", con reconocimiento de los delitos fiscales, era por parte del letrado de Alberto González Amador el pasado 2 de febrero de 2024.

En una nota de prensa, la Fiscalía aclaraba su actuación en relación con la denuncia interpuesta por la Fiscalía Provincial de Madrid contra Alberto González Amador por los presuntos delitos de defraudación tributaria y falsedad documental.

"El único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal, que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado de Don Alberto González Amador al fiscal encargado del asunto en fecha 2 de febrero de 2024", destacaba el comunicado.

La Fiscalía aclaraba que el día 23 de enero de 2024 la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid abrió unas diligencias de investigación penal como consecuencia del escrito-denuncia remitido por la Agencia Tributaria en la que ponía en conocimiento del Ministerio Fiscal hechos que podrían ser constitutivos de los dos delitos.

Y el día 2 de febrero de 2024 el letrado defensor de Alberto González Amador se puso en contacto, vía correo electrónico, con la Fiscalía Provincial de Madrid, a las 12:45 horas, "para proponer un pacto con el Ministerio Fiscal a fin de reconocer los hechos delictivos y conformarse con una determinada sanción penal"

Esta propuesta de conformidad "reconocía la autoría del señor González Amador de la comisión de 'dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades, 2020 y 2021'", añade la Fiscalía, que incide en que este fue "el único pacto de conformidad" que ha existido.

La Fiscalía narra, cronológicamente, cómo el 7 de febrero el fiscal especialista en delitos económicos encargado del asunto dictó un decreto de conclusión de las diligencias de investigación y acordó interponer denuncia.

Esta denuncia se interpuso finalmente el 13 de febrero contra González y otras cuatro personas y contra ocho sociedades por dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública, relativos al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021, y un delito de falsedad en documento mercantil.

Un día antes, el 12 de febrero, a las 11:34 horas, el fiscal contestó por correo electrónico al letrado defensor del novio de la presidenta regional comunicándole que tomaba nota "de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas".

Aclaraba que la existencia de otras personas implicadas no debería ser un obstáculo para alcanzar una conformidad penal.

Ya el 20 de febrero la Fiscalía remitió la denuncia al Juzgado de Instrucción Decano de Madrid, que la registró el 5 de marzo.

El 12 de marzo el fiscal encargado del asunto remitió la denuncia por correo electrónico al letrado de González Amador "para facilitarle el derecho de defensa" y le reiteró, como ya hizo el día 12 de febrero, que la existencia de otras personas denunciadas en este procedimiento no es obstáculo para alcanzar una conformidad.

Una filtración que hizo que el Colegio de Abogados de Madrid y el propio Alberto González Amador denunciaran a la Fiscalía por vulnerar el derecho de defensa del afectado y cuya investigación judicial se está desarrollando con la citación a declarar de varios medios de comunicación para determinar de dónde vino la filtración y quién fue el responsable.