El objetivo es que unifique datos, estudios y normativas para ver qué es lo que mejor está funcionando, adoptar medidas al respecto y tener más agilidad para combatir el fraude.
Los de Yolanda Díaz criticaron aspectos de la norma cuando llegó al Consejo de Ministros y los de Feijóo evidenciaron su 'no' antes incluso de conocer el texto.
Con el rechazo del PP y buena parte de los socios parlamentarios habituales introduciendo enmiendas, entre ellos Sumar, la norma acabaría fracasando como ocurrió ayer con la del proxenetismo. Fuentes de Vivienda aseguran que la sacan por el inminente inicio de la campaña de las elecciones europeas.
El PSOE critica el proyecto y denuncia irregularidades. Más Madrid se reserva su sentido de voto y el PP, con su mayoría absoluta, asegura la aprobación definitiva.
El caso afecta a un contrato de arrendamiento rústico firmado en enero de 2015, que incluía una cláusula que indicaba que, tras finalizar en diciembre de 2019, no se podía prorrogar y la finca debía ser desalojada.