Treinta expulsiones al día: ¿Esto es un Gobierno de izquierdas?
Manuel Valls nos acaba de tranquilizar al decir que la política del Gobierno se preocupa "por los derechos de los extranjeros", lo que parece una obviedad, no ya para un Gobierno de izquierdas, sino para cualquier Estado de derecho. En resumen: circulen, que aquí no pasa nada.
La expulsión de Léonarda no es un error, ni lo son las condiciones de su arresto. El ministro del Interior ha tenido ocasión de recordar su política de "firmeza" y ha sido necesario que estallara un escándalo político y mediático para que se anunciara una investigación administrativa.
Manuel Valls nos acaba de tranquilizar al decir que la política del Gobierno se preocupa "por los derechos de los extranjeros", lo que parece una obviedad, no ya para un Gobierno de izquierdas, sino para cualquier Estado de derecho.
En resumen: circulen, que aquí no pasa nada.
En esta situación, la expulsión de Léonarda está siendo un catalizador. Una toma de conciencia, un despertar brutal para todos los que, anestesiados hasta ahora por el deber de solidaridad con el Gobierno, han decidido alzar la voz y decir: BASTA.
La política de números impuesta en la triste era Guéant-Hortefeux-Besson-Sarkozy solo se ha abandonado en apariencia. Cuando Le Figaro publicó, el 8 de octubre, su portada titulada Inmigración: las expulsiones de clandestinos en caída libre, la reacción del Ministerio del Interior no fue explicar que la política gubernamental había cambiado desde la llegada de la izquierda, sino afirmar que se alcanzarían las mismas cifras de "retornos obligados" que en 2012, el peor año del sarkozismo en materia de expulsiones. El Ministerio fue incluso más allá al precisar que hasta el 1 de septiembre se habían producido ya 18.126 traslados a las fronteras, es decir, tantos expulsados en ocho meses como en el primer año del quinquenio de Nicolas Sarkozy.
En 2012 hubo 21.841 expulsiones. Para que, como parece indicar el Ministerio del Interior, se repita esta cifra en 2013, será necesario expulsar a 3.715 en cuatro meses, es decir, algo más de 30 expulsiones al día. Si somos conscientes de esta realidad entendemos un poco mejor la falta de disculpas sobre el hecho de haber ido a buscar a una niña que estaba en el autobús escolar. Debemos tenerlo presente para comprender la presión que sufren los agentes de la PAF (Policía de fronteras), que tienen la obligación, como bajo la presidencia de Nicolas Sarkozy, de lograr los objetivos fijados cueste lo que cueste.
Hace unas semanas afirmé, en mi discurso de cierre en La Rochelle: "En materia de inmigración, la diferencia entre la izquierda y la derecha no consiste en que unos tienen ministros que se vanaglorian de las cifras de expulsados y otros que se limitan a no hacerlo".
Por lo visto, el Gobierno ha cedido a las presiones de Le Figaro y ha decidido asumir plenamente una política pública de números.
La política de números es la ausencia de criterio. Es no tener en cuenta situaciones individuales. Es una política que pone en peligro a las personas en situación irregular, que se ven obligadas a esconderse y vivir en la inseguridad por temor a poder ser detenidas en cualquier momento.
Es sobre todo una política despilfarradora, porque sabemos que una expulsión cuesta 27.000 euros reales, hasta un total de 550 millones de euros al año, además del uso indebido de los medios del Estado: atascos en los tribunales, policías dedicados a perseguir a individuos que no constituyen ninguna amenaza para la seguridad, todo ello añadido al coste de los aviones y la construcción de centros de internamiento.
Además de la legítima indignación por la situación de Léonarda, es indudable que hace falta un cambio de rumbo en política migratoria.
El cambio consiste en abandonar la política de números y reducir las deportaciones forzosas a la frontera. El cambio consiste en regularizar a las familias de los niños escolarizados y a los trabajadores sin papeles, que es la posición del Partido Socialista, como recuerda un correo que dirigió Martine Aubry a Nicolas Sarkozy. El cambio consiste en que las nacionalizaciones de hermanos sean automáticas. El cambio consiste en generalizar los permisos de residencia de 10 años y ampliar la asignación de tarjetas de "vida privada y familiar".
El cambio consiste en asumir nuestros valores y lo que somos: de izquierda.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.
