Las graves consecuencias de eliminar a los jueces sustitutos

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada con el impulso del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aboca al colapso a múltiples juzgados de toda España. Su intención de convertir la figura del juez sustituto en un elemento excepcional del sistema judicial, cuando hasta ahora representaba una parte imprescindible en la estructura de la Justicia, se traducirá en una mayor ralentización y en un empobrecimiento notable de este derecho fundamental para los ciudadanos. En la práctica, los jueces sustitutos representan cerca del 25% de la plantilla y, lo que es más importante, llegan a resolver alrededor del 30% de los pleitos.

Un ejemplo práctico de los efectos de esta reforma lo encontramos en Aragón, donde una veintena de jueces sustitutos dejarán de prestar sus servicios. Allí, ya han advertido de que la mayoría de los juzgados van a sufrir graves atascos e incluso algunos pueden llegar a la paralización. Es lógico sospechar que lo mismo puede ocurrir en otros juzgados del país, Barcelona, Madrid o Canarias, lugar éste último donde sus justiciables sufren desde hace años la falta de estabilización de jueces en las islas.

Sin embargo, parece que el ministro de Justicia solamente ha tenido en cuenta otro dato que para él resulta más relevante: la eliminación de 1.200 jueces sustitutos y magistrados suplentes supone recortar 20 millones de euros del presupuesto del Ministerio.

¿Cómo se va a compatibilizar el recorte en el gasto del Ministerio con el mantenimiento de un servicio esencial, como es la administración de Justicia, que ya de por sí se encuentra al límite de su capacidad? Una de las opciones propuestas por el ministro es la siguiente: las vacantes pasarán a ser ocupadas de manera eventual por jueces con plaza que harán el esfuerzo de compaginar su carga de trabajo con la de un juzgado extra.

De hecho, una de las primeras consecuencias de esta reforma es que el propio Ministerio ofrece a los jueces de lo Social un sobresueldo de 1.200 euros para que asuman la mitad de los asuntos de otro juzgado que requiera apoyo.

La mayoría de los jueces ya han reiterado, a través de sus asociaciones, que consideran inviable ese modelo, ante la dificultad de que un único juez dirija dos sedes judiciales. Cabe preguntarse si el ministro desconoce que la mayor parte de los juzgados de España soportan una excesiva sobrecarga de trabajo. Además, existe otro motivo por el que esta propuesta parece condenada al fracaso: la mayoría de los jueces definen como absolutamente insuficiente la oferta económica planteada por Ruiz Gallardón para compensar dignamente el esfuerzo a realizar.

Resulta evidente la merma en la calidad del servicio que puede dar un magistrado que atiende dos juzgados a la vez, habida cuenta de que, por regla general, la mayoría de jueces dedican más de ocho horas diarias -incluidos los fines de semana- a resolver los asuntos que tienen en sus juzgados. Y nunca hay que olvidar que las resoluciones judiciales afectan a la vida de las personas. Por lo tanto, pretender crear un sistema de justicia express o de sentencias a destajo, no parece el camino más adecuado para garantizar los derechos de los ciudadanos.

Además, a día de hoy parece un contrasentido pretender "profesionalizar la Justicia" y adoptar como primera medida el despido de 1.200 jueces sustitutos y magistrados suplentes que, si bien no son de "carrera", son tan profesionales como lo pueden ser los titulares.

Pero el hecho es que los Presupuestos Generales del Estado contemplan una cantidad mínima para pagar nóminas de jueces sustitutos en 2013. De ahí que surja la duda: ¿Cómo se van a cubrir las bajas por enfermedad o las excedencias? La conclusión inevitable serán las suspensiones de señalamientos, cuando no el deficitario desempeño de funciones.

La reforma también contempla cubrir las vacantes con jueces que acaban de superar la oposición, alumnos de la Escuela Judicial, más conocidos en la prensa como "jueces en prácticas", lo que a todas luces puede ocasionar una merma en la calidad de la administración de Justicia. Los llamados "jueces en prácticas" (que aún no han jurado su cargo y por tanto "no son jueces" y sus resoluciones nacen nulas) van a sustituir a profesionales que llevaban años ejerciendo sus funciones, después de someterse a concursos de méritos y pruebas de idoneidad, y que a menudo acumulan en su extenso curriculum experiencia como doctores, docentes universitarios y un acreditado prestigio en ámbitos juridicos distintos de la carrera judicial.

Por todo ello podemos afirmar que el supuesto ahorro de costes propiciado por el Ministerio va a ocasionar una brecha letal en la eficiencia del sistema. ¿Cree de verdad el señor Ministro que se va a mantener la calidad en la administración de Justicia?

Aunque se acuse a los jueces de querer defender intereses corporativos, el análisis de la realidad demuestra lo contrario: quienes verdaderamente van a sufrir las consecuencias de esta reforma no son los jueces sustitutos, aunque también. Los grandes perjudicados van a ser los ciudadanos que se vean obligados a acudir a los tribunales. En este punto resulta ineludible recordar que la nueva imposición de tasas trata de disuadir al ciudadano de que acuda a ejercitar su derecho fundamental. Quizá la nueva política del Ministerio se asienta sobre el principio de que, si evitamos que se pida "justicia", nos ahorramos también que existan ciudadanos que se quejen de que ésta llegue "tarde y mal".

En definitiva, nos encontramos ante una perversión del espíritu de la Constitución, ya que esta reforma dificulta el recurso a la defensa y provocará una mayor dilación en la resolución de los asuntos, lo que supone un claro perjuicio a los derechos fundamentales de los ciudadanos y una clara vulneración de la "Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia", que es de obligado cumplimiento en nuestro país.

Además, los jueces sustitutos, durante muchos años, han realizado una labor fundamental ofreciendo un servicio de calidad, que a menudo ha sido injustamente compensado con retraso de meses en el pago de las nóminas y con la temporalidad de los contratos, hasta llegar a la medida más reciente: el despido.

La conclusión es que 1.200 jueces pasan a engrosar las listas del paro, en un país donde los tribunales están colapsados. De hecho, el número de jueces por habitante en España se sitúa al mismo nivel de Turquía.

Si rectificar es de sabios, el ministro de Justicia tiene aún la oportunidad de corregir su error. Es una pena que se dilapide el capital humano que suponen los 1.200 jueces sustitutos y que no se haga uso de su dilatada experiencia y preparación en beneficio de todos los ciudadanos y de las distintas escalas y cuerpos de la Administración de Justicia.

Una reforma nace coja cuando 18 organizaciones de jueces, fiscales, abogados, funcionarios, ciudadanos y consumidores se han manifestado contra ella. Por eso, tal vez sea hora de plantear que, en vez de recortar jueces, lo que de verdad necesita este país es reforzar los órganos judiciales y aumentar la ratio de magistrados por habitante, sin olvidar la equiparación de los derechos laborales de este colectivo. A día de hoy parece un contrasentido pretender "profesionalizar la Justicia" y adoptar como primera medida el despido de 1.200 jueces sustitutos y magistrados suplentes.

Esperamos que el ministro de Justicia se avenga al diálogo y ofrezca a las asociaciones un canal de negociación que ponga en valor experiencia, mérito y capacidad, en un país que necesita soluciones de futuro.

(Purificación Pujol Capilla es portavoz de la Asociación de Jueces Concepción Arenal, AJCA)