Discriminación, injusticia e ineficiencia
Las políticas del PP acentúan las desigualdades, las económicas pero también las de género, las que tienen su origen en la etnia, en la orientación sexual, en la discapacidad o en la edad. Cada una de sus medidas deja fuera a alguien. Esto que llamamos recortes responde a políticas ideológicas.
Es conocido que las empresas que incorporan los conocimientos de sus empleados y empleadas tienen más posibilidades de tener éxito puesto que gestionan mejor sus recursos. Recientemente, una amiga me contaba el caso de un trabajador inmigrante empleado en una tienda de pequeños electrodomésticos, que, después de la venta, acompañaba a sus clientes hasta el coche para ayudarles a cargar y despedirles de manera cortés. Mientras sus compañeros le criticaban por perder demasiado tiempo, la empresa comprendió que este nuevo servicio era del agrado de sus clientes y lo incorporó como propio al proceso de venta.
Vivimos en una sociedad construida desde la desigualdad, que discrimina a las personas por motivos diversos, sin embargo, debemos saber que la discriminación es injusta e ineficiente económica y socialmente. Y lo más importante: provoca un enorme sufrimiento a las personas y a su entorno.
La discriminación se produce en muchos ámbitos y tiene múltiples destinatarios y destinatarias. El ejemplo más general y más claro es el de las mujeres, pero podemos poner otros muchos otros ejemplos de la vida cotidiana. Gitanos que reciben un "no" por respuesta cuando intentan alquilar un piso, personas de más de 50 años a quienes no se las vuelve a llamar tras una entrevista de trabajo, jóvenes con síndrome de Down a quienes se echa de un bar cuando se empieza a llenar, niños de quienes se burlan en el colegio con un "mariquita" o "nenaza"... Inmigrantes que son expulsados del sistema sanitario público, mujeres transexuales condenadas a la pobreza y la exclusión social, mujeres con discapacidad a quienes se considera incapacitadas para ser madres.
La discriminación hace que mucha gente no encuentre empleo, que muchos niños y niñas tengan dificultades para integrarse en una escuela que no está hecha a su medida, que algunos mueran sin atención sanitaria. La discriminación provoca que adolescentes LGTB lleguen a suicidarse ante el acoso que sufren en sus aulas, o que muchas personas con discapacidad vivan encerradas en sus casas. La discriminación excluye a las personas de la toma de decisiones políticas y sociales, y en su máxima expresión puede provocar aislamiento social e incluso violencia.
Combatir la discriminación debe convertirse en una prioridad política. Su existencia además muestra un claro déficit de democracia que sólo es posible combatir desde el reconocimiento de la ciudadanía y la garantía de los derechos universales para todas las personas.
En los últimos años, España ha ido dando pasos fundamentales en la lucha contra la discriminación con leyes y políticas públicas que han hecho de este país un referente en el mundo. Sin embargo, las políticas del PP acentúan las desigualdades, las económicas pero también las de género, las que tienen su origen en la etnia, en la orientación sexual, en la discapacidad o en la edad. Cada una de sus medidas deja fuera a alguien. Los recortes han acabado con el derecho universal a la salud, excluyendo a inmigrantes, perjudicando a mayores, enfermos crónicos y personas con VIH-SIDA, incluso dejando a las mujeres sin pareja masculina fuera de la reproducción asistida. Esta austeridad, ejecutada por la derecha, ha dejado sin recursos a muchas personas pobres, como también a muchas con discapacidad. Y no podemos olvidar, que unas y otras necesitan apoyos para tener una vida autónoma.
Pero esto que llamamos recortes responde a políticas marcadamente ideológicas, que junto a una estrategia privatizadora de los servicios públicos, vuelve a un modelo de desigualdad que incluye un planteamiento ultraconservador sobre la sociedad y la familia.
Frente a estas propuestas, Europa y España necesitan políticas que permitan a las personas desarrollarse tal y como son, así como acceder a las mismas oportunidades, recursos y servicios, en definitiva, a los mismos derechos de ciudadanía, puesto que para avanzar en un modelo de eficiencia social y económica es imprescindible que las políticas incorporen a todas las personas, y que enseñen a la sociedad, a la economía y a las empresas, a utilizar el potencial de la diversidad.
Este es uno de los retos más importantes que tiene la izquierda, puesto que solo desde la izquierda se puede avanzar en la construcción de discursos y políticas que requieren de un claro compromiso con la igualdad, y cuya consecución supone ampliar los límites conocidos de la Democracia, y, por supuesto, del Estado del Bienestar.
