El pleno del Parlamento Europeo vota por la solidaridad ante crisis migratorias

Durante los últimos tres años, la Comisión de Libertades, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo (PE) ha trabajado duramente, debatiendo y enmendando tras árduas negociaciones, la propuesta de la Comisión Europea que preside Ursula Von der Leyen (Comisión VDL) 2019/2024 sobre un Nuevo Pacto de Migraciones y Asilo.

La iniciativa de la Comisión VDL consiste en cinco Reglamentos -actos legislativos europeos directamente vinculantes y generadores de obligaciones para los Estados miembros (EEMM) sin necesidad de transposición al Derecho nacional, así como de derechos invocables ante los tribunales de Justicia en caso de incumplimiento- cuyo objetivo común es el actualizar el hasta ahora vigente (y claramente insatisfactorio) Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), dando cuenta de sus dimensión externa, control de fronteras exteriores, identificación de migrantes respecto de los demandantes de asilo o protección internacional, y reparto equitativo de responsabilidades de acuerdo con un criterio de solidaridad entre los EEMM.

En el curso de estos años de trabajo he tenido el honor de asumir, junto a la Presidencia de la Comisión LIBE del PE, la Ponencia del Reglamento de Crisis, una oportunidad para relanzar el principio de solidaridad en situaciones de emergencia, particularmente las conexas a operaciones masivas de Salvamento y Rescate (Search & Rescue), manifestado mediante realojamientos reglados bajo la coordinación de un EU Relocation Coordinator, coordinador europeo de reubicaciones.

Primera premisa: para explicar la naturaleza y envergadura del trabajo. Dado que los cinco Reglamentos apuntan a darle forma a un SECA de alcance paneuropeo, reseteando el actual status quo por estimarse imperiosa una clarificación de reglas con mayor seguridad jurídica, la Comisión LIBE del PE estableció desde el arranque de las negociaciones un enfoque conjunto -Package Approach, en la jerga- que asegurase la interrelación entre las distintas piezas de una estructura común en la que ninguna de ellas puede encontrar sentido sin coherencia con las demás. 

Esta condición se ha hecho esencial para advertir al Consejo -Institución que reúne a los Gobiernos de los 27 EEMM, bajo la Presidencia semestral que corresponda cada medio año- que el PE no aceptará ninguna “técnica de salchichón” (Cherry Picking, en la jerga del PE) o despiece selectivo, por la que se priorice aquello que sirva a los intereses de aquellos EEMM con mayor influencia o carencia de escrúpulos para ejercer su veto sobre ciertos contenidos, despreciando (o posponiendo indefinidamente) cualquier concesión sobre los demás aspectos de un Sistema que, sin embargo, sólo puede merecer ese nombre si todos sus componentes se relacionan mutuamente de manera de manera equilibrada.

Segunda premisa: a todo lo largo de los más de 40 años de legitimación directamente democrática del PE como Legislador europeo dimanante del sufragio universal por la ciudadanía de los EEMM (revestida por ello también de un estatuto propio de ciudadanía europea consagrada en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE/CDFUE, uno de cuyos derechos es el de participación política y electoral directa en elecciones europeas y en elecciones locales donde se sea residente en igualdad de condiciones respecto de los nacionales), ninguna fuerza política ha disfrutado por sí sola de mayoría absoluta (ni menos aún, cualificada). 

Lo que quiere decir que la idiosincrasia del PE es la de la negociación y la disposición a concesiones cruzadas por parte de todas las fuerzas articuladas en los respectivos Grupos Políticos (Grupos Parlamentarios). En la actual Legislatura 2019/2024, esta exigencia de disposición permanente a la negociación y en su caso al acuerdo se ha acentuado aún más, toda vez que, por primera vez, tampoco las dos primeras fuerzas (en este caso, PPE y S&D, populares y socialdemócratas europeos) suman juntas mayoría absoluta, requiriendo extender la capacidad de trabar compromisos legislativos a un espectro más amplio, que, en lo posible, integre a Liberales (Renew), Verdes (Greens) e Izquierda Unida (Left), habida cuenta de que los restantes tres Grupos a la derecha del PPE (ECR, ID y NI) se posicionan habitualmente en actitudes antieuropeas o rabiosamente eurófobas.

Esta segunda premisa explica que la conjugación del enfoque de conjunto (Package Approach) y la cultura del compromiso transversal (Compromising) sobre geometrías variables haya determinado una negociación del Nuevo Pacto de Migraciones y Asilo orientada a apuntalar mayorías suficientes para sus cinco Reglamentos. De modo que, como Ponente del Reglamento de Crisis cuyo objetivo es reglar la solidaridad -efectiva, obligatoria, mediante Programas de Realojamiento ordenados por la Comisión Europea y vinculantes para los EEMM ante arribadas masivas y especialmente tras rescates de migrantes en la mar-, he debido trabajar -como los restantes Ponentes- en colaboración muy estrecha con los equipos negociadores de cada uno de los demás Reglamentos, asegurando la concordancia de sus definiciones jurídicas, régimen jurídico de su operatividad y consecuencias cruzadas de cada decisión que se adopte conforme a cada uno de los actos legislativos. La necesidad de compromisos significa en este punto que los cinco Reglamentos pueden y deben, en efecto, configurar un Sistema, coherente y articulado en la interacción de sus piezas.

En su Pleno de abril celebrado como es preceptivo en Estrasburgo, el PE ratificó la aprobación de los cinco Reglamentos que por mayorías sólidas tuvo lugar la semana anterior en la Comisión LIBE. Además, ratificó su mandato de negociación con el Consejo de la UE (trílogos) que deberá abrirle paso a su definitiva entrada en vigor antes del final de esta Legislatura 2019/2024.

Ello sitúa a la Presidencia española del Consejo de la UE (segundo semestre 2023) ante una ocasión que es al mismo tiempo una gran responsabilidad: liderar las deliberaciones del Consejo en su interlocución con el PE para posibilitar, conformando las requeridas mayorías cualificadas por parte de los Gobiernos de los EEMM, el acuerdo decisivo.

A mi juicio, el empeño de España en la aseguración de solidaridad vinculante y responsabilidad compartida no sólo supone en sí una oportunidad, sino la única de que, finalmente, un nuevo y equilibrado SECA vea la luz del día. Para el conjunto del EEMM que tienen fronteras marítimas expuesta a tráficos ilícitos y explotación de personas -España, Italia, Grecia, Malta, Chipre, entre ello, los llamados Frontline States-, una mayor solidaridad es una urgencia imperativa y por ende irrenunciable.

Por ello resulta incomprensible, además de criticable, que hayan votado en contra los representantes de ECR junto a los de ID en el PE: ECR es no sólo el Grupo del PE en que se integran los/as eurodiputados/as de Vox (que exhibieron en el Pleno discursos cargados de prejuicios tóxicos, rechazo y odio contra los migrantes y demandantes de asilo, con el pretexto de su rechazo a las mafias que se aprovechan de la ausencia de vías legales y seguras, sin ofrecer alternativa alguna) sino que tiene a la jefa de Gobierno de derecha extrema en Italia, Giorgia Meloni, como coPresidenta.

Insoportable contradicción la de quien recurre a decretos de emergencia con suspensión por seis meses de las reglas europeas, y al mismo tiempo torpedea y vota contra los trabajos que el PE viene impulsando para que Italia – como España, entre otros países con fronteras exteriores de la UE- pueda tener, por fin, esa solidaridad de cuya carencia se queja con dramáticas protestas cada vez que hace frente a una emergencia o a una tragedia.