El magistrado de la Audiencia Nacional solicitó un informe policial sobre la plataforma y app de mensajería instantánea, así como el impacto que tendría su bloqueo cautelar. Finalmente, ha concluido que sería "desproporcional".
Pese a que durante el sábado el juez Pedraz dio un margen de tres horas a todas ellas para llevar a cabo el bloqueo, por el momento este aviso no se ha hecho efectivo.
El juez Santiago Pedraz aclara en un auto que la suspensión de la aplicación es "la única solución posible" dado que el gobierno insular ni siquiera ha comunicado a la empresa la petición judicial.
La divulgación de los pagos con la tarjeta de crédito del Gobierno la había vetado el Ejecutivo ultraderechista, a pesar de que la factura es inferior a la de sus antecesores.