Lo ha constatado en FMI: ese dinero que en tiempos de calma no va a defensa sino a sanidad, escuelas o vivienda puede recortarse y, con él, el bienestar general.
La defensa de un servicio público es una posición política. No existe ninguna obligación legal de privatizar un servicio por parte de ninguna entidad local, regional o nacional, dejando a un lado los servicios en red privatizados por la UE. Reivindicar lo nuestro es adoptar posiciones contundentes de defensa del interés público ante las intenciones de saqueo de los grandes grupos transnacionales en connivencia con los irresponsables e ineficientes equipos de gobiernos locales.
¿Cuánto costará que te apaguen la casa si se te incendia? ¿Cuánto costará que te saquen del coche si te quedas atrapado después de sufrir un accidente? Parece un buen negocio porque cualquiera está dispuesto a pagar para que le salven la vida. Preparemos los bolsillos. Un Gobierno que ha puesto a la venta nuestra sanidad y mercadea sin rubor alguno con nuestra educación, no tendrá ningún reparo en entregar al mejor postor nuestra seguridad.
En el documental de Ken Loach, El espíritu del 45, asistimos a un recorrido histórico en el que se describen las razones socioeconómicas por las que el partido laborista ganó las elecciones y su programa de acción política, precursor del ambicioso Estado del Bienestar.