Cuando Tartufo logró saltar a la platea de los humanos de carne y hueso, se disfrazó de consejera aragonesa de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. Se adentró en la Universidad privada católica San Jorge y vio todo lo que socialistas y populares habían hecho, y vio que todo era bueno.
Cuando se habla de la modélica Transición y de los esfuerzos que hubo de hacer entonces la clase política para acometer el periodo histórico que vivimos, se olvida que un régimen como el actual, que mantiene los privilegios de una confesión religiosa, no debería ser motivo de tanto ensalzamiento, pues esos privilegios derivan de la dictadura.
Creerse o no el dogma católico de la Inmaculada Concepción es una cuestión estrictamente personal. Ahora bien, que en pleno siglo XXI sea aún día festivo en el calendario civil de un país cuya Constitución declara que ninguna confesión tendrá carácter estatal es un despropósito.
Aquella reforma tan pequeña en apariencia del Reglamento Hipotecario en 1998 escondía una contradesamortización que ridiculiza las de Mendizábal o Madoz. Pero fue tolerada posteriormente por el Gobierno socialista, y desconocida por la opinión pública hasta su denuncia por organizaciones como Europa Laica, o plataformas ciudadanas.
En este río revuelto de leyes y reglamentos, los pescadores más avezados en obtener ganancia de cuanto cae en sus manos han llevado a cabo miles de inmatriculaciones a su nombre, de cuya constitucionalidad dudan no pocos. El resultado es de unas 4.500 inmatriculaciones, entre ellas, la Mezquita.
Aconfesional indica la no pertenencia a una confesión determinada pero deja la puerta abierta a una colaboración voluntaria del Estado con cualquier religión. En cambio, la definición de laico explicita la independencia de un Estado frente a cualquier religión.
Existe una estructura religiosa católica compleja dentro del Ejército. Sus miembros se vinculan por una relación de servicios profesionales de carácter permanente (los de rango más alto), y no permanente, al Estado. Se convierten así en funcionarios. Están afiliados al Régimen General de la Seguridad Social.