Amistades peligrosas que codician nuestras playas y costas
Greenpeace ha publicado el informe Amnistía a la destrucción donde se denuncian los impactos para el medio ambiente del proyecto de nueva Ley de Costas y señala algunos importantes beneficiarios de determinados articulados de la nueva normativa. Porque hay amistades peligrosas que codician y amenazan las playas y costas de todos.
Desde que a finales de 2011, el ministro Arias Cañete anunciara a bombo y platillo la reforma de la Ley de Costas, aún cuando ésta no figuraba en el programa electoral del PP en las últimas elecciones generales, me he preguntado por qué tantas prisas en cambiar una ley que garantizaba la protección de una costa, patrimonio de todos; por qué tanta insistencia y urgencia en presentar un proyecto de reforma de la Ley de costas arbitrario, que privatiza el litoral, que amnistía la destrucción sistemática de éste y que ignora el peligro y los costes de la inacción frente al cambio climático. La respuesta viene de la mano de Abel Matutes, Villar Mir o Bautista Soler,... y un posible conflicto de intereses del Partido Popular en la reforma de la Ley de Costas.
Abel Matutes, exministro de Exteriores del PP y actual vicepresidente del Consejo de Turismo de la CEOE, en un alarde de sinceridad ha declarado a los cuatro vientos que es una reforma de ley en la que ha trabajado mucho. Y dada la disposición transitoria primera del Proyecto de Ley de Costas, en la que se excluye del dominio público marítimo terrestre las salinas y zonas inundadas destinadas a cultivos marinos, su trabajo ha dejado huella. Supongo que el hecho de que tiene importantes intereses empresariales en veinticinco salinas en la Bahía de Cádiz o la empresa Aquacria de Arousa tiene algo que ver.
Por otro lado, su colega y expresidente de Baleares con el PP, Gabriel Cañellas, es también propietario de muchas propiedades en Formentera, isla indultada en su totalidad de la aplicación de la Ley o las Salinas de Ibiza y San Pedro del Pinatar (Murcia).
Otro empresario relacionado con el Partido Popular es el exministro Villar Mir, que posee a través del Grupo Villar Mir empresas asentadas sobre márgenes de diferentes rías, Fertiberia en Huelva o Ferroatlántica en la ría de Boo (Cantabria).
Fertiberia ha sido condenada por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo por delitos contra el medio ambiente. Los depósitos de fosfoyesos están situados en dominio público marítimo-terrestre. En 2003 la Dirección General de Costas hizo un llamamiento ante los incumplimientos por parte de Fertiberia y declaró la caducidad de la concesión, que se hizo firme por el Tribunal Supremo en 2010.
Curiosamente la concesión de actividad en dominio público marítimo-terrestre en el caso de Ferroatlántica, que caducarían con la vigente Ley de Costas en 2018, se ve claramente beneficiada de los recortes de la nueva Ley, tanto por la reducción de la protección de las rías de 100 a 20 metros como por la extensión de las concesiones durante 75 años más. Además, la secretaria general de Agricultura y Alimentación, Isabel García Tejería, a las órdenes de Arias Cañete, es la exdirectora de Planificación de Fertiberia.
Villar Mir conoce muy bien la Ley de Costas. Quizás, tras la experiencia en Huelva con
Fertiberia, ya ilegalizada, no ha querido que se repita en Cantabria o en otros emplazamientos de su conglomerado empresarial en la costa.
En 2004, el actual ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, aterriza como consejero en la promotora Bami Newco junto a empresarios del ladrillo, como Joaquín Rivero, Bautista Soler o Ignacio López del Hierro. Ya en 2011, antes de volver al Gobierno, el ministro renuncia a su puesto como consejero en Bami pero se reserva una acción. Bami Newco fue fundada tras separarse de Metrovacesa.
Constructores muy ligados con el PP podrán sacar buen rédito de las prisas del ministro Arias Cañete por cambiar la Ley de Costas. Bautista Soler es el promotor de 10 edificios en la playa de la Patacona (Alboraia, Valencia) que podrían verse beneficiados de la disposición adicional tercera de la nueva ley en la que los terrenos situados detrás de un paseo marítimo podrán ser privados. Bautista Soler es socio y amigo de otros empresario del ladrillo como el marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro o Joaquín Rivero, relacionado con una polémica promoción en Puerto Sherry (Puerto de Santa María, Cádiz) en primera línea de playa sobre terrenos vírgenes.
Greenpeace ha publicado el informe Amnistía a la destrucción donde se denuncian los impactos para el medio ambiente del proyecto de nueva Ley de Costas, pendiente aun de aprobación en el Congreso de los Diputados, y señala algunos importantes beneficiarios de determinados articulados de la nueva normativa. Porque hay amistades peligrosas que codician y amenazan las playas y costas de todos.
